El Gobierno nacional de Javier Milei oficializó una ampliación millonaria del presupuesto 2025 a través de la Decisión Administrativa 10/2025, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el propio jefe de Estado, que contempla reajustes y partidas extra para organismos clave como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
La norma, publicada esta mañana en el Boletín Oficial, redistribuye fondos hacia diferentes organismos del Estado con el argumento de atender “gastos impostergables”, y asigna una partida especialmente sensible y polémica: más de $25.000 millones para la SIDE, de los cuales $8.000 millones se destinarán a “gastos reservados”, sin obligación de rendición pública.
El refuerzo presupuestario para la SIDE reavivó las críticas de la oposición, que acusó al Ejecutivo de “avanzar sin control legislativo ni transparencia”, especialmente en lo que refiere a los fondos destinados a inteligencia, que dependen directamente de la Presidencia.
Desde el Instituto Consenso Federal, su director Alejandro “Topo” Rodríguez, expresó que “es preocupante que el Presidente amplíe el presupuesto de inteligencia sin discusión en el Congreso, especialmente con gastos secretos que no tienen ningún tipo de control externo”.

Por su parte, desde el Gobierno argumentan que la decisión se tomó en el marco de la prórroga del presupuesto 2023, vigente en 2025 por la falta de una nueva ley sancionada por el Congreso, lo que habilita al Ejecutivo a reasignar partidas sin pasar por la aprobación parlamentaria, de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera.
De esta manera, y a través de las decisiones administrativas publicadas en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete puede modificar el esquema de gastos del Estado a discreción, y asignar, como esta mañana, una nueva partida millonaria para la SIDE e incorporar gastos secretos.
Por caso, la ampliación del presupuesto para inteligencia refuerza la figura del asesor presidencial Santiago Caputo, señalado como el principal operador político del entorno íntimo del Presidente. La inclusión de $8.000 millones en gastos reservados le otorga a este sector del Gobierno una caja millonaria con escasos controles institucionales.
Es preciso mencionar que, además del polémico incremento a la SIDE, la nueva medida del Gobierno nacional distribuye recursos entre otros ministerios y organismos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud recibirá más de $105.000 millones para la compra de vacunas, insumos hospitalarios y tecnología médica, mientras que la cartera de Seguridad contará con $200.000 millones para asistir a damnificados por las inundaciones, y Economía absorberá casi $189.000 millones para financiar infraestructura energética e hidrocarburífera.

Al mismo tiempo, Francos reforzó las partidas para el Ministerio de Capital Humano, con $1.208 millones destinados a programas sociales y a la Biblioteca Nacional, a las Fuerzas Armadas, con más de $113.000 millones para equipamiento, municiones y operaciones de frontera, y a la Superintendencia de Servicios de Salud, que recibirá más de $3.500 millones.
Por otro lado, varias empresas públicas como Belgrano Cargas, ADIF, SOFSE, Energía Argentina y EDUC.AR fueron incluidas en la ampliación presupuestaria. Lo mismo sucedió con organismos como ACUMAR y el Ente Regulador del Agua, todos enmarcados bajo el criterio de compromisos plurianuales o gastos de emergencia.
Más presupuesto para la SIDE: el refuerzo que contrasta con el ajuste general
Cabe mencionar que, el incremento presupuestario destinado a la SIDE contrasta fuertemente con los recortes que aplica el Gobierno nacional de Milei en otras áreas sensibles como transporte, educación, cultura, jubilaciones y desarrollo social. A esto, se suma el freno en la actualización de partidas para provincias, universidades nacionales y programas de asistencia alimentaria, lo que revela una asignación de recursos selectiva y centralizada en sectores estratégicos para la administración libertaria.
En tanto, el movimiento presupuestario de este lunes, se da en simultáneo con la necesidad del presidente de consolidar su liderazgo político de cara a las elecciones legislativas de medio término, y fortalecer su estructura de poder sin depender del Congreso.
Por eso, la asignación de fondos a la SIDE sin control legislativo abre un nuevo frente de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, especialmente entre el oficialismo y los bloques opositores, que exigen mayor transparencia y debate público sobre el destino de los recursos del Estado.
Aunque la medida es legalmente válida bajo las condiciones actuales del presupuesto 2023 prorrogado en 2024 y 2025, su contenido político y el uso de fondos secretos en áreas como inteligencia genera fuertes cuestionamientos en sectores institucionalistas y de la sociedad civil.
En medio de un ajuste económico que golpea a millones de argentinos, la decisión de aumentar el presupuesto de la SIDE con fondos de uso discrecional podría convertirse en uno de los episodios más controversiales de la gestión Milei en lo que va de 2025. La oposición ya anticipa que exigirá explicaciones en el Congreso y no se descarta que se presenten pedidos de informes para conocer con más precisión el destino de esos fondos millonarios.