El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, participó este lunes por la mañana de una audiencia de conciliación en los Tribunales de Mar del Plata con representantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que lo denunció penalmente por presunta violencia institucional en operativos municipales contra personas en situación de calle y trabajadores de la economía informal, como cuidacoches y limpiavidrios.
Al término de la audiencia, el jefe comunal cuestionó duramente la presentación del organismo presidido por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. “Es una denuncia que no termino de entender. Nosotros defendemos a los marplatenses, al que labura, y no a los chorros. Me cuesta creer que tenga que estar enfrentando a burócratas de la provincia de Buenos Aires que cobran sueldos gracias a los vecinos”, expresó Montenegro ante la prensa.
Montenegro afirmó que su gestión lleva adelante una política clara de control y orden del espacio público: “Tengo una posición muy clara, que es la de defender a los marplatenses. Sé bien cuál es mi función en el Municipio. Tomamos la decisión de tener una actitud proactiva de defensa de los vecinos y del control del espacio público”.
“En seis años de gestión nos fijamos una política de orden. Empezamos con lo que fue la Zona Roja, seguimos con las tomas de terrenos y lo vamos a seguir haciendo. También apuntamos a trapitos y fisuras que extorsionan a los vecinos”, indicó. Según el intendente, los verdaderos vulnerables “son los que trabajan y no pueden caminar tranquilos a la mañana, los que no pueden entrar a su trabajo o acceder a un cajero”.
Además, Montenegro acusó a sectores externos de fomentar el desorden: “Mandan gente a pulular por Mar del Plata. No lo vamos a permitir. Soy el responsable de la Patrulla Municipal. Los datos marcan que en los últimos operativos hubo 30 personas con pedido de detención activo. Con eso lidiamos. Queremos orden y un espacio público para la gente de bien”.
“Si siguen trayendo gente, haremos lo mismo. No me importa lo que digan en estos organismos. Está acreditado que los que fueron al Marquesado paraban en los hoteles de Chapadmalal. El 80% no son de Mar del Plata. Vienen a generar caos, y no lo vamos a permitir, es lo que nos piden los vecinos”, agregó.
Finalmente, Montenegro reafirmó su postura frente a los cuestionamientos: “La Patrulla Municipal tiene clara su función: defender al que hace las cosas bien. Tenemos clara la tarea, desde las tomas hasta la Zona Roja, y lo seguiremos haciendo. Juan Grabois cuida a los chorros, yo cuido a la gente. Y esto no tiene que ver con el Gobierno ni conmigo: tiene que ver con los marplatenses. Si tengo que llegar a la Corte, lo seguiré haciendo”.
La postura de la Comisión Provincial por la Memoria
A principios de abril, la CPM, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Mar del Plata, presentó un informe especial en el que documenta lo que califica como “violencia estatal sistemática” ejercida por el gobierno municipal.
Según el informe, se denuncian políticas sostenidas de hostigamiento, represión y discriminación contra personas en situación de calle y trabajadores de la economía informal. Se cuestiona el uso reiterado de calificativos estigmatizantes como “fisuras” y “delincuentes” por parte del intendente, tanto en declaraciones públicas como en redes sociales.
“Consideramos que las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar de funcionarios estatales -efectivos policiales y agentes municipales- que deben actuar con razonabilidad, evitando todo tipo de abuso, arbitrariedad o discriminación que implique violencia física o moral contra las personas”, señala el texto presentado ante la Justicia.
Ambas organizaciones reclaman el cese de los operativos, que califican como “persecutorios”, y exigen que se garantice la protección de los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables.