A casi ocho años del trágico hundimiento del buque pesquero El Repunte, los familiares de las víctimas siguen enfrentando no solo el dolor de la pérdida, sino también el lento y frustrante avance de la Justicia. Lejos de resignarse, continúan alzando la voz y exigiendo respuestas. Lo hacen no solo en nombre de sus seres queridos, sino también por todos los pescadores que cada día se embarcan en condiciones muchas veces precarias, exponiéndose a los mismos riesgos.
Estos días marcaron un nuevo capítulo en esa incansable lucha. Los familiares estuvieron en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, frente al juez Javier Leal de Ibarra, para sostener la necesidad de que la causa siga su curso y no se cierre con el sobreseimiento de los imputados. Acompañaron la apelación del Fiscal Federal y presentaron sus argumentos, que —según relataron— fueron escuchados con respeto y atención. El hecho de que los jueces hayan demostrado un conocimiento profundo del caso les dio una luz de esperanza.
Durante estos casi ocho años, no todo ha sido espera. Gracias a la presión y el compromiso de los familiares, se lograron avances significativos. Se incorporó un ROV (vehículo operado a distancia) que permitió realizar dos pericias claves sobre el barco hundido, aportando pruebas fundamentales para la causa. También se logró la sanción de la Ley 27.514, que creó la Junta de Seguridad en el Transporte, un organismo destinado a investigar y prevenir accidentes como el del Repunte.
Además, se impulsaron cambios concretos en la seguridad marítima: hoy, todos los buques pesqueros en Argentina están obligados a llevar doble balsa salvavidas y trajes de exposición térmica, elementos que aumentan significativamente las chances de sobrevivir en caso de naufragio.
Sin embargo, la deuda más importante sigue pendiente: la Justicia. A pesar de los avances técnicos y normativos, los responsables del hundimiento aún no han sido juzgados. El drama humano detrás de esta tragedia sigue abierto, y la herida no puede cerrar sin verdad ni castigo.
“Vamos a seguir firmes, buscando la verdad y la justicia. No vamos a parar hasta que se sepa qué pasó realmente con el Repunte y se haga justicia para los responsables”, aseguran los familiares.
La lucha por justicia no puede depender del paso del tiempo. La memoria de quienes murieron en el Repunte y el derecho de sus familias a conocer la verdad merecen un accionar judicial ágil, comprometido y humano. Porque la justicia tardía, en estos casos, es también una forma de injusticia.