La Justicia laboral desestimó este lunes la medida cautelar solicitada por la Secretaría de Trabajo de la Nación para avanzar en la intervención de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Así lo resolvió en sentencia interlocutoria la Sala VI Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que integran los jueces Carlos Pose, Gabriela Vázquez y Manuel Diez Selva. El fallo da respuesta al pedido efectuado por la cartera laboral por considerar que existieron irregularidades en el último congreso donde se eligieron autoridades, realizado el 28 de noviembre de 2024.
En la jornada de este lunes la Justicia desestimó la petición del Gobierno, en el marco de una disputa interna en el gremio de los peones rurales. En su votación, el magistrado Pose hizo mención a la denuncia que la conducción de la UATRE realizó contra exdirigentes del sindicato por el presunto armado a una asociación ilícita junto a funcionarios del Estado para apropiarse de la organización sindical.
La causa se encuentra en curso en el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 7. «Bajo este esquema fáctico y jurídico, corresponde que me pronuncie sobre la medida cautelar solicitada y entiendo que la petición estatal resulta improcedente: nos encontramos dentro de un campo disciplinario donde rige el principio de libertad sindical y, en consecuencia, una solicitud como la intervención resulta solo viable sólo si se acreditase fehacientemente el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado», señaló Pose.
«En el caso, el primero sería dudoso porque todavía sigue controvirtiéndose en sede ministerial, el valor de los actos eleccionarios celebrados para determinar cuál de las listas en pugna habría resultado triunfadora en los comicios celebrados. Pero, soslayando lo expuesto, lo importante es la verosimilitud del derecho invocado por el Estado para proceder a la intervención del sindicato ha sido enervado por la denuncia penal (de UATRE) y su recepción por parte del tribunal competente: estamos ante un fenómeno que interesa al orden público y que la doctrina tipifica como prejudicialidad penal, no correspondiendo que el tribunal civil emita pronunciamiento hasta que el tribunal criminal se pronuncie», agregó.
Por su parte, la jueza Vázquez destacó que la intervención «debe ser el último recurso al que se acuda para proteger a los afiliados» y señaló que en el caso de UATRE «no se concretarían prima facie –al menos en esta instancia del proceso-, las circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 56 inciso 3, apartado b de la ley 23.551, como para habilitar desde esta judicatura la pretensión cautelar».
Asimismo, Vázquez sostuvo que el gremio se encuentra en una «clara disputa» entre dirigentes de distintos sectores y las autoridades de Gobierno, concluyendo que «la intervención judicial no puede constituirse en el remedio para dirimir este tipo de controversias, las que deben analizarse por los caminos organizacionales, sin perjuicio del control de la cartera de trabajo en tanto autoridad de aplicación de la ley 23.551 y, en última instancia, de la judicatura».
El fallo de la Cámara Nacional del Trabajo se enmarca en la extensa disputa interna que enfrentar al oficialismo liderado por el secretario general José Voytenco con ex dirigentes de la entidad gremial representados entre otros por el actual diputado nacional por la Libertad Avanza, Pablo Ansaloni, de estrecha cercanía con funcionarios del gobierno de Javier Milei.