El Gobierno nacional de Javier Milei avanzó con el ajuste en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con un masivo recorte de personal que implicó la salida de casi 3.000 empleados, entre jubilaciones y retiros voluntarios, a pesar del alto costo fiscal que implicará para el Estado.
La medida, ejecutada mediante una disposición publicada esta mañana en el Boletín Oficial y firmada por el director ejecutivo Juan Pazo, incluyó indemnizaciones especiales para los ex trabajadores de ARCA que elevaron la erogación estatal a cifras millonarias, en medio de un contexto de tensión sindical y caída en la recaudación.
Es preciso mencionar que, la desvinculación de los empleados de ARCA se dio en el marco de la segunda etapa del plan de jubilaciones y retiros anticipados, que se completó el 31 de marzo de este año. Como parte del esquema de compensaciones, el Estado debió abonar al menos 20 sueldos adelantados a los trabajadores que dejaron el organismo.
Del total de empleados retirados, el 70% pertenecía al Grupo 26, es decir, ocupaban puestos de directivos o altos directivos, lo que generó un desembolso promedio de $100 millones por persona, monto que escaló a $120 millones en los casos de personal altamente especializado. En total, el costo fiscal del plan de desvinculación en ARCA ascendió a aproximadamente $330.000 millones.
El impacto de esta reducción también se reflejó en una migración masiva de empleados calificados hacia el sector privado. Estudios contables y consultoras especializadas, incluidas las denominadas “Big Four”, captaron a ex agentes de ARCA que ahora asesoran a empresas en temas fiscales, una situación que preocupa al Gobierno nacional, ya que disminuye la capacidad de fiscalización estatal.
Además, el recorte de personal en ARCA se complementó con el cierre de un centenar de delegaciones en el interior del país. Sin embargo, la decisión no se basó en criterios recaudatorios, sino en la cantidad de atenciones presenciales registradas desde la asunción de Milei a la fecha.
Esto provocó el reclamo de un centenar de legisladores provinciales, ya que algunas delegaciones clausuradas de ARCA, como la de Chilecito en La Rioja, generaban más recaudación para el Estado que otras ubicadas en las capitales provinciales.
La eliminación de estas oficinas generó inconvenientes en la atención a contribuyentes de alto perfil y afectó el cumplimiento de metas fiscales, en un contexto de caída real en la recaudación. También derivó en el traslado de empleados, lo que incrementó los costos operativos del organismo.
A esta situación, se sumó la indignación de los gremios que representan a los empleados de ARCA, principalmente AEFIP, Supara (Aduana) y la Unión del Personal Superior. Uno de los puntos de conflicto fue la reducción del Fondo de Jerarquización, un incentivo salarial vinculado a los niveles de recaudación. Con la recaudación en declive, los ingresos de los trabajadores se vieron afectados, lo que agravó el malestar.
Recorte de personal en ARCA: habrá medidas de fuerza y paralización de actividades
Como respuesta al ajuste, los sindicatos que nuclean a los trabajadores de ARCA coordinaron medidas de fuerza sin precedentes en el organismo. Desde el martes y hasta este mismo jueves, se lleva a cabo un “apagón informático” de cuatro horas diarias, y desde Aduana se anunció una intensificación de las protestas en reclamo de recomposición salarial y el levantamiento de una cautelar que impide despidos.
El 3 y 4 de abril, la Aduana paralizará actividades en el AMBA entre las 9 y las 17 horas, y en el interior del país entre las 8 y las 16 horas. La medida afectará todas las operaciones aduaneras, salvo aquellas vinculadas con turismo, salud o causas humanitarias. En tanto, desde los sindicatos advirtieron que la escalada de protestas continuará y podría extenderse si el Gobierno no reconsidera su postura.
El secretario general de Unión del Personal Superior de AFIP (UPSAFIP), Julio Estévez, declaró que “miles de millones de pesos que le hacen falta a los argentinos fueron pagados por el Estado para trasladar a los mejores y más formados hombres del fisco al sector privado para defender evasores”. Según Estévez, esta situación representa “la destrucción de la tarea de fiscalización y control del Estado a costa del bolsillo de todos los argentinos”.
El conflicto se agrava en un contexto de caída de la recaudación en términos reales, lo que impacta en las arcas públicas y en el cumplimiento de metas fiscales. La reducción de personal en ARCA y el cierre de delegaciones podrían traducirse en una menor capacidad para detectar evasiones y optimizar el cobro de impuestos.
Aunque el Gobierno nacional aún tiene margen para continuar con la reestructuración del organismo, la pérdida de personal especializado representa un desafío adicional. Mientras tanto, las protestas gremiales y la presión política crecen, dejando al Ejecutivo en una situación compleja de cara a los próximos meses.