En el 49° aniversario del golpe cívico-militar de 1976, el Gobierno de Javier Milei anunció la desclasificación completa de los archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) vinculados con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. La decisión busca trasladar toda la documentación al Archivo General de la Nación para garantizar su acceso público y poner fin a lo que desde la administración libertaria consideran una utilización política de la memoria histórica.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un mensaje grabado el viernes pasado y difundido este lunes por la mañana. “El Presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período de 1976 y 1983, así como toda otra documentación producida en otro período pero relacionada con su accionar”, afirmó.
Desde el Gobierno señalaron que esta medida responde al cumplimiento del Decreto 4/2010, firmado por la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que ya disponía la desclasificación de estos archivos, pero que, según Adorni, “nunca fue implementado completamente”.
El vocero presidencial criticó el manejo de esta documentación en las últimas décadas y sostuvo que “los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los Gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta”. Además, afirmó que estos documentos “fueron utilizados como un botín de guerra” y que ahora pasarán “a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política”.
En esa línea, Adorni destacó que esta iniciativa “puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial” y que en otros países ya se avanzó en procesos de desclasificación similares. “La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia, no en los de inteligencia”, remarcó.
En paralelo a la desclasificación de los archivos, el Gobierno anunció que declarará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el asesinato del capitán Humberto Viola y su hija de tres años, perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974, debe ser considerado un crimen de lesa humanidad.
El atentado ocurrió en San Miguel de Tucumán, cuando un grupo de militantes del ERP interceptó el auto en el que viajaba Viola junto a su esposa, María Cristina Picón (embarazada de cinco meses), y sus hijas, María Fernanda, de cinco años, y María Cristina, de tres. En el ataque, el capitán Viola y su hija menor fueron asesinados, mientras que María Fernanda resultó gravemente herida.
Durante años, la justicia argentina se negó a reabrir la causa al no considerarlo un delito de lesa humanidad. En 2016, la viuda del militar apeló ante la CIDH en busca de justicia internacional, pero en 2020 la Secretaría de Derechos Humanos, bajo la gestión de Horacio Pietragalla, sostuvo que el caso no entraba en esa categoría. Ahora, el Gobierno de Milei decidió cambiar la postura oficial y enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de crímenes.
Milei y su mirada sobre los derechos humanos
Estas decisiones forman parte de un giro en la política de derechos humanos de la actual administración. Desde el 10 de diciembre, la Secretaría de Derechos Humanos redujo su planta en un 60%, pasando de 1005 a 400 empleados, y el Ministerio de Justicia cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños, que dependía de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).
En este contexto, el oficialismo también difundió un video con la participación del escritor Agustín Laje, quien cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos y acusó al kirchnerismo de haber utilizado los derechos humanos como herramienta política. La producción, a cargo del cineasta libertario Santiago Oria, fue lanzada horas antes de la marcha de organismos de derechos humanos en Plaza de Mayo, en una jornada en la que la oposición volvió a movilizarse bajo la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia”.
Mientras el Gobierno avanza en su propuesta de “memoria completa”, sectores de la sociedad y organismos de derechos humanos denuncian que estas medidas buscan relativizar los crímenes de la dictadura y redefinir el relato histórico. En medio de esta disputa, la desclasificación de los archivos de la SIDE representa un punto clave que podría abrir nuevos debates sobre el acceso a la información y la interpretación del pasado reciente.