El gobierno estadounidense comandado por Donald Trump anunció este viernes sanciones para la expresidenta y titular del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional, Cristina Kirchner y a otros exfuncionarios de su gestión por las causas de corrupción que enfrentan en la Argentina.
En ese sentido, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, explicó que las sanciones incluirá la prohibición para entrar a Estados Unidos de la ex mandataria y de su ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.
“Abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino”, alegó el funcionario estadounidense a través de su cuenta de X.
Además, Rubio señaló que “múltiples tribunales los han condenado por corrupción, (por Cristina Kirchner y Julio de Vido) socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina”.
Vale remarcar que, la sanción de la administración republicana también incluirá a sus familiares directos de la ex presidenta y el ministro, como son el diputado nacional, Máximo Kirchner y su hermana Florencia, así como la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli.
“Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio propio”, afirmaron en un comunicado oficial del Departamento de Estado y agregaron: “Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en los más altos niveles de gobierno”.
Cabe destacar que, las sanciones a Cristina Kirchner fueron aplicadas en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2024.
La misma exige que el secretario de Estado ‘designe’, pública o privadamente, a los funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre los que tenga “información fidedigna de participación en actos de corrupción significativa o en una grave violación de los derechos humanos”.
Vale recordar que, durante la administración del presidente Joe Biden fueron sancionados otros ex presidentes como Horacio Cartés (Paraguay), Ricardo Martinelli (Panamá), Rafael Correa (Ecuador) y su vice Jorge Glas.
Causa Vialidad: la fiscalía insiste en la asociación
ilícita y pide una pena mayor para Cristina Kirchner
La fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia que eleve la condena de Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad. El fiscal general Mario Villar presentó la solicitud al apelar la resolución de la Cámara de Casación Penal, que había confirmado la pena de seis años de cárcel para la expresidenta por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El año pasado, la Casación ratificó la sentencia que también inhabilitó de forma perpetua a Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos. Sin embargo, desde la Fiscalía en que debía aplicarse la figura de asociación ilícita, ya que, según su planteo, no se requiere que los delitos planificados se ejecuten para configurar ese tipo penal y señalaron que la exclusión de esa calificación legal es arbitraria.
En su apelación, el fiscal Villar cuestionó que la Cámara de Casación no haya respondido sobre este punto y también criticó la absolución de Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y Nelson Periotti en lo referido a la acusación por asociación ilícita.
Según reza la presentación, las pruebas demostraron que ellos, junto al fallecido expresidente Néstor Kirchner, montaron una estructura de corrupción basada en la división estratégica de roles dentro y fuera del Estado, que se mantuvo activa por más de 12 años con el objetivo de desviar fondos públicos a través del direccionamiento de la obra pública.
En este sentido, Villar rechazó la idea de que se tratara solo de irregularidades en licitaciones y argumentó que lo que se probó fue la existencia de un sistema jerarquizado orientado a la sustracción sistemática de recursos destinados a la obra pública. Ahora, será la Corte Suprema la que deberá decidir si revisa el planteo del fiscal y reevalúa la pena impuesta a la exmandataria.