La Bancaria, el sindicato que nuclea a los empleados bancarios de todo el país, liderado por el secretario general y diputado nacional Sergio Palazzo, rechazó “el arreglo ilegal e impagable” con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según el comunicado que emitieron, el presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 179/2025) “autorizándose a sí mismo” sin dar a conocer “cuáles son sus condiciones”.
“Comete un nuevo fraude. Y es una aberración que un DNU sea considerado válido sólo porque una sola de las cámaras del Congreso no lo rechace, lo que está sucediendo durante este Gobierno por complicidad o compra de voluntades”, señalaron.
En la misma línea, consideraron que ese decreto es “ilegal” porque lo que establece la Constitución Nacional determina es que a quién le corresponde “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación” es al Congreso (inc.7 Art.75).
Es decir, la Ley 27.612 detalla específicamente que “todo programa de financiamiento, que se acuerde con el FMI, requiere de una ley aprobada tanto por la Cámara de Diputados como la de Senadores”.
Asimismo, sostuvieron que las condiciones de este arreglo “no se hacen conocer” porque “implican la cesión de importantes activos nacionales”, y señalaron que “intentarán nuevamente” la entrega del Banco Nación y un “mayor ajuste” económico.
Además, remarcaron que es “un nuevo y gigantesco fraude”, que lleva al país hacia un “quebranto”, y que “no hay error” en este nuevo acuerdo entre Milei y las autoridades del FMI porque, durante este mandato y los sucesivos, “cogobernarán” con quienes estén en el Gobierno.
“Debe exigirse al FMI que suspenda los sobrecargos de intereses que injustamente viene cobrando, y devolver los percibidos para atender la emergencia económica y social ocasionada por decisiones contrarias a su convenio constitutivo. Las naciones integrantes del Fondo Monetario Internacional y las autoridades de este organismo deben asumir que, en estas condiciones, es evidente la inviabilidad y graves consecuencias del cumplimiento de acuerdos de estas características fraudulentas. Por ello la Nación Argentina debe considerar, selectivamente, no pagarla”, concluyeron.