En una extensa audiencia celebrada en el Juzgado Federal N° 2, se trató el amparo impulsado por un grupo de afiliados al Plan Dorado de Acoord Salud, que fue admitido con carácter colectivo por el juez Dr. Santiago Martín. La audiencia reunió a representantes legales de la empresa Acoord Salud y de los amparistas, quienes expusieron sus argumentos frente al tribunal.
El juez, al ordenar el desarrollo de la audiencia, dio la palabra en primer lugar a los amparistas, quienes reafirmaron los puntos ya planteados en el escrito de presentado. Posteriormente, la abogada de Acoord Salud dejó en claro que la empresa no estaba dispuesta a conciliar, lo que fue considerado un obstáculo para alcanzar una solución amistosa.
Marcelo Lacedonia, titular de la Defensoría del Pueblo, quien representa a los amparistas, señaló en la ocasión que “ha habido cambios sustanciales en la accesibilidad a los servicios de salud debido a la supresión de prestadores tradicionales en la cartilla del Plan “Dorado, lo que generó un serio perjuicio a los afiliados” En su intervención, Lacedonia propuso que Acordd Salud suscribiera un convenio con FECLIBA, la entidad que agrupa a las clínicas que formaban parte del plan hasta diciembre pasado. Este acuerdo, según el defensor, podría solucionar en gran parte el conflicto, dado que Acordd Salud ya tiene convenio con FECLIBA para otros planes, pero no para el Plan Dorado.
Al final de la audiencia, el juez Martin manifestó que, si no se llegara a un acuerdo entre las partes en los próximos días, resolverá sobre la viabilidad de la medida cautelar solicitada por los amparistas. De no ceder la empresa ante la situación, el magistrado tomará una decisión lo reclamado.
Este conflicto surgió a raíz de los cambios realizados en los servicios de salud del Plan Dorado de Acordd Salud, que afectaron a cerca de 10.000 afiliados. En diciembre pasado, la empresa decidió tercerizar la gestión del plan, lo que desencadenó una serie de reclamos ante la Defensoría del Pueblo local, motivados por la supresión de prestadores y la interrupción de tratamientos médicos. En paralelo, varios afiliados presentaron un amparo judicial que fue admitido por el Juzgado Federal, el cual reconoció la competencia federal y la legitimidad de la Defensoría del Pueblo como “Amigo del Tribunal”.