La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel, volvió a diferenciarse del discurso oficial del Gobierno, el cual señaló que la marcha de jubilados fue un intento de “golpe de Estado”, al alegar que es un ejercicio permitido de la democracia.
No obstante, Villarruel fue por más y se solidarizó con los heridos “sean manifestantes o fuerzas federales”. Durante la marcha de jubilados, que dejó un saldo de más de 140 detenidos, un fotógrafo herido de gravedad, Pablo Grillo, quien se encuentra luchando por su vida, y una jubilada de 87 años con lesiones.
“Yo, como abogada, siempre considero que ante cualquier hecho tan difícil como el que ocurrió ayer tiene que expedirse la Justicia”, afirmó la vicepresidenta desde Expoagro, tras extender su solidaridad tanto a manifestantes heridos como efectivos de las fuerzas federales.
Es que, según Villarruel, los efectivos de las fuerzas de seguridad, al igual que los manifestantes, también “ponen el cuerpo en situaciones de mucha violencia” y merecen el reconocimiento del Estado. De todas maneras, la vice remarcó que la violencia no puede ser aceptada como medio para defender ninguna causa.
De esta manera, Villarruel volvió a marcar distancia con relación a la postura de su compañero de fórmula, Javier Milei, quien señaló que los incidentes ocurridos el miércoles en las inmediaciones del Congreso representaron un intento de golpe de Estado.
En esa sintonía, varios funcionarios del Ejecutivo salieron a calificar los disturbios como intento de golpe de Estado, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien aseguró que “los disturbios fueron provocados por barrabravas y militantes que organizaron esta movilización con la intención de generar desestabilización”.
De acuerdo con Francos, la participación de los barrabravas y su actitud violenta en la marcha de jubilados no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia organizada. En sus palabras, la protesta estuvo “organizada al grito de que se vayan todos”, lo que se interpreta como un intento de generar caos en la esfera política del país.
En ese contexto, desde Casa Rosada y la militancia twittera libertaria salieron a defender la actuación de la policía y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asegurando que el uso de la fuerza fue legítimo para garantizar el orden público.
“Los barras bravas son criminales organizados que fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía”, escribió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Liberona, y agregó: “No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad”.
De todas maneras, más de 110 personas fueron liberadas este jueves por decisión de la jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, Karina Andrade, horas después de haber sido detenidas por los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso.
“La información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria, no se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a `los hechos del Congreso de la Nación`”, alegó la letrada.
En esa línea, Andrade amplió: “Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en `flagrancia`, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle”. “Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. Incluso, en algunos casos el delito se informaba después”, cerró.
Cabe destacar que, según un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011, “cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente, en su caso, como mínimo”.
supuestos “barras bravas” de distintos clubes se unieron a la movilización y comenzaron a lanzar piedras y proyectiles contra los agentes. La arremetida de los hinchas motivó una dura respuesta policial que utilizó balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los grupos más violentos.
El enfrentamiento se extendió por más de tres horas y, según el reporte oficial, 124 personas fueron detenidas, de las cuales 94 fueron liberadas esta mañana. En tanto, al menos 46 personas resultaron heridas, 26 de ellas efectivos policiales.
En este marco, uno de los heridos más graves fue el reportero gráfico Pablo Grillo, quien sufrió una grave lesión en la cabeza provocada por una cápsula de gas lacrimógeno y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía en estado crítico.
Sin embargo, los enfrentamientos no se limitaron sólo a las inmediaciones del Congreso. A última hora del día, las movilizaciones continuaron en distintos puntos de la ciudad. En Avenida Corrientes, manifestantes marcharon hacia Plaza de Mayo, mientras que en La Boca, San Telmo y Caballito también se registraron movilizaciones similares.