“En este proceso de privatización perdemos uno de los elementos fundamentales que hacen a la cohesión social y a la salud pública comunitaria: el encuentro en espacios comunes y de bases igualitarias”, expresó el activista ambiental Kanki Alonso, en diálogo con “el Retrato…”, tras la apertura de sobres de la licitación de Paradise, Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Dorada. Asimismo, aseguró: “En Mar del Plata, no se ha tramitado una sola declaración de impacto ambiental como corresponde durante 30 años” y manifestó: “Recordemos que diversas autoridades, entre ellas el presidente del EMTURyC están siendo investigadas por presunta asociación ilícita, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
“Esta política atenta contra nuestra forma de vida”
En este contexto, Alonso consideró: “Se trata de una política inconsulta por parte de la Municipalidad de General Pueyrredon, que dispone de bienes comunes y espacios públicos, que tradicionalmente usan los vecinos y la comunidad, y los ponen al servicio del empresariado privado a la mejor oferta, al mejor postor” y precisó: “Es un fenómeno que vemos en todo General Pueyrredon, desde la zona sur , Parque Camet y Laguna de los Padres”.
De esta forma, contextualizó: “El Municipio debería cumplir el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que establece cinco años de plazo para reducir al 15% las áreas entregadas a concesión a los clubes. En la actualidad, Parque Camet tiene un 40% de ocupación por clubes privados y eso representa la expulsión del uso público libre, irrestricto y gratuito de la comunidad. Ese modelo de disponer de bienes públicos de forma inconsulta es lo que se traslada a Chapadmalal con el agravante de que no solo son clubes, sino emprendimientos que cambian el modo de vida del barrio. Un ejemplo es El Calamar Loco que, desde hace tres años, impide a toda la comunidad escuchar el mar, que era una de las características más bellas y agradables de Chapadmalal”.
“No tramitan las declaraciones de impacto ambiental”
Respecto al avance de estas políticas, Alonso indicó que implica: “Aumento de la conflictividad, aumento de la criminalización de la protesta y el aumento de funcionarios públicos procesados penalmente” y detalló: “Es importante recordar que cerca de nueve personas, entre ellas el presidente del EMTURyC (Ente Municipal de Turismo y Cultura), Bernardo Martín, y la asesora letrada, Carolina Muzzio, en conjunto con autoridades de la secretaría municipal de Obras de Jorge González, y el director de Control de Obras de UTF, Ricardo Campos, están siendo investigadas por presunta asociación ilícita, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público en la UFIEJ-10 tras haber autorizado obras sin tramitar la declaración de impacto ambiental”.
A su vez, añadió: “Si bien la declaración de impacto ambiental es un presupuesto mínimo en política ambiental por la Ley Provincial Integral del Ambiente (11.723) de 1995, desde ese año hasta ahora General Pueyrredon no ha tramitado una sola declaración de impacto ambiental como corresponde”. Así, manifestó: “Hablamos de la gestión del principal atractivo turístico, de la principal causa por la cual vive gente en Mar del Plata, el agua” y subrayó: “Es un elemento que debemos cuidar. Para usarlo y gozarlo se necesita superficie de arena. Es muy significativo que el alquiler de una carpa sea más costoso que el alquiler de un departamento”. En esa línea, reflexionó: “Estas situaciones nos tienen que decir muchas cosas y despertar muchas preguntas. Tenemos que ver en manos de quiénes, de qué funcionarios inescrupulosos está el destino de la economía, de la cultura y de la forma de vida de los marplatenses”.
“La salida es colectiva”
Por último, respecto al futuro, Alonso expresó: “Debemos continuar con la organización vecinal y en comunidad. Además, hay un equipo jurídico trabajando y preparando una estrategia. Se presentará una demanda en el momento oportuno. Vivimos la destrucción del ambiente, del paisaje y de la calidad de vida del lugar”.