Especialistas y organizaciones de derechos humanos salieron a repudiar este jueves el lenguaje ofensivo que empleó el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, en una normativa oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la que realiza una serie de clasificaciones como “idiota, débil mental, imbécil y retardado”.
“El gobierno de Milei decretó que la gente con discapacidad sea clasificada como ´idiota´, ´imbecil´ y ´debil mental´”, denunció el profesor universitario de la Universidad de Mondragón, Julen Bollain, y agregó: “Se publicó en el Boletín Oficial de la Republica Argentina y viola acuerdos internacionales contra la discriminación”.
En la misma línea, organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que ya venían alertando sobre los discursos discriminatorios del Gobierno, presentaron un reclamo administrativo para que se dé de baja la resolución.
“La normativa contiene expresiones que refuerzan la discriminación que existió históricamente y que aún hoy existe hacia las personas con discapacidad”, señalaron desde las organizaciones de Derechos Humanos y agregaron: “Así, el anexo de la resolución asume que hay personas que nunca podrán trabajar, y recurre a términos como ´retraso mental´, ´idiota´, ´imbécil´ y ´débil mental´”.
Por su parte, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), también expresó su rechazo al anexo: “El uso de esta terminología no solo contradice los principios de respeto e inclusión promovidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino que atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación”.
“La discapacidad no puede ni debe ser definida a partir de criterios que perpetúan la exclusión y el desprecio hacia quienes forman parte de esta comunidad”, denunciaron desde la entidad contra la resolución oficial que estableció categorías para clasificar a las personas discapacidad a partir de terminología ofensiva obsoleta.
Es que, la resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud nacional, estableció el 14 de enero una nueva normativa para la evaluación médica de invalidez en el acceso a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
En concreto, de acuerdo a la descripción del anexo, “idiota” corresponde a las edades de 0 a 30 años, “imbécil” de 30 a 50 y “débil mental profundo” de 50 a 60. También se menciona la clasificación “débil mental moderado” de 60 a 70 años y “débil mental leve” de 70 a 90 años. De esta manera, la administración nacional estableció un nuevo baremo para “evaluar cualitativamente el grado de deterioro psicofísico” y definir así si las personas solicitantes están o no aptas para trabajar.
“Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo; 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias; 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”, señala la circular del Gobierno nacional.
Al trascender el documento, siete organizaciones de personas con discapacidad, lideradas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentaron un pedido al Gobierno para que se de baja el baremo. “Las expresiones que usa la normativa refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y aún existe para las personas con discapacidad. Son términos obsoletos y peyorativos que implican una violación directa a la Convención”, sostuvo Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ante la repercusión mediática, la Agencia de Discapacidad bajó la circular
Ante la ola de repudio en los medios de comunicación, este jueves, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comunicó que modificará la Resolución 187/2025, tras alegar que dicha normativa ”incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados“.
Además, el organismo nacional aclaró que “la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta“.
“La Resolución 187/2025 y su anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales”, anticiparon desde el organismo.
Según explicaron desde la ANDIS, las resoluciones utilizarán terminología utilizada en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).
De todas maneras, desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) remarcaron que “esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación“. Es decir que, a partir de ahora el Gobierno no utilizará lenguaje ofensivo en sus misivas pero seguirá vigente el sistema de clasificación para otorgar las pensiones no contributivas a las personas con discapacidad.