La Corte Suprema de Justicia de la Nación le tomó juramento al catedrático, Manuel García-Mansilla, ante el titular del tribunal, Horacio Rosatti, y postergó la situación del juez, Ariel Lijo, luego de la designación que se oficializó a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei el pasado martes por la tarde.
En concreto, la Corte Suprema optó por no apresurar el proceso de incorporación de Lijo, es que Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti todavía no lograron unificar una postura al respecto por la reciente licencia que pidió el juez en su juzgado de primera instancia, un punto que generó debate dentro del Poder Judicial. La Cámara Federal avaló su pedido de licencia extraordinaria sin goce de sueldo, pero el Tribunal Supremo aún no se pronunció sobre la cuestión.
Cabe señalar que, el Gobierno esperaba que la Corte Suprema oficializara la incorporación de ambos jueces antes del sábado, para el momento en el que Milei inaugure el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Sin embargo, la falta de una decisión inmediata impide que el Presidente pueda contar con cinco jueces en la primera fila durante su discurso.
Incluso, desde el Ejecutivo de la Nación manifestaron su deseo, a través de canales informales, de que la Corte Suprema acelere la formalización de los nombramientos, pero el Tribunal podría aplicar la estrategia de “cronoterapia”, es decir, dilatar la decisión sin rechazarla de manera explícita.
El decreto que designó a Lijo y García-Mansilla llega después de que el Gobierno no lograra los consensos necesarios en el Senado para avanzar con las designaciones por la vía legislativa. Pese a que el pliego de Lijo cuenta con dictamen de mayoría en el periodo de sesiones extraordinarias, nunca fue tratado en la Cámara alta.
Desde la Casa Rosada sostienen que esta medida es necesaria para normalizar el funcionamiento del Tribunal, que actualmente cuenta con solo tres miembros tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda. Sin embargo, esta acción provocó reacciones de la oposición y del mundo jurídico, que cuestionan la constitucionalidad del procedimiento.
Según un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno “no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan sobre los del pueblo argentino”. En el mensaje también se señaló que la Constitución otorga al Presidente la facultad de seleccionar a los candidatos para la Corte, mientras que el Senado solo tiene la potestad de aprobar o rechazar sus nombramientos en base a criterios técnicos y no políticos.
La licencia de Lijo generó interrogantes sobre la posibilidad de que, en caso de que el Senado no convalide su designación antes de fin de año, pueda regresar a su cargo en la Justicia Federal. La Cámara Federal avaló su pedido, y según trascendió, Ricardo Lorenzetti estaría de acuerdo con esta postura, mientras que Rosatti y Rosenkrantz todavía analizan el tema.
Mientras tanto, la Corte Suprema recibió la notificación de la licencia de Lijo, pero no tiene la obligación de pronunciarse al respecto. Si bien podría abrir el caso para cuestionar la decisión de la Cámara Federal, hasta el momento solo fue informada del procedimiento y no se espera una resolución inmediata.
La incertidumbre sobre la conformación final del tribunal y la legalidad del procedimiento utilizado por el Gobierno mantiene el debate abierto. Con la jura de García Mansilla ya concretada, la atención se centra ahora en la definición sobre Lijo, una decisión que podría marcar un precedente en la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial.