“Se está preparando un habeas corpus colectivo porque tiene que intervenir la justicia para prohibir la actuación de la Patrulla Municipal”, informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en respuesta a los operativos realizados por agentes municipales de General Pueyrredon e impulsados por el intendente Guillermo Montenegro. Además, recalcaron: “No es una práctica episódica. Ocurre desde junio, sólo que ahora tomó estado público”.
En este contexto, además de la presencia de Sandra Raggio y Roberto Cipriano García, integrantes de la CPM, también se expresó Miguel Osorio de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) local. Asimismo, participó la Mesa Intersectorial contra la Violencia Institucional.
“Montenegro promueve la comisión de delitos”
De esta manera, Raggio manifestó: “Es una política que lleva adelante el intendente, y a la cual le pone recursos, contrata gente y usa móviles sin patente”. En este sentido, Cipriano García, agregó: “El intendente es el primero que debe cumplir la ley y responder a la misma. Debe comportarse como lo que es. Por más que lo que haga le de votos o lo apoye una parte de la población no lo justifica” y subrayó: “Es ilegal lo que hace”.
Así, explicó: “Si existiera algún delito por parte de los cuidacoches se debe realizar la denuncia correspondiente, que intervenga la policía y que actúe la justicia. Que se trabaje acorde al procedimiento” y señaló: “El intendente está promoviendo la comisión de delito por parte de sus subordinados e incumpliéndola el mismo porque omitió denunciar que la Patrulla Municipal ha golpeado gente, hace apología del delito reivindicando esos actos y lo hace con un fuerte contenido discriminatorio”. A su vez, Raggio añadió: “Debe cesar las gravísimas violaciones a los derechos humanos que suceden en Mar del Plata”.
Por último, Osorio destacó: “Solicitamos al intendente una mesa de trabajo y nunca nos contestó” y concluyó: “Con la violencia que muestra nos da a entender que vive en el 76, en donde no se podía decir nada”.
Fragmento del comunicado de la CPM
“Las violencias que denunciamos están ampliamente documentadas: además de lo que muestra el intendente y el municipio en sus videos, estas patotas salen a la calle de noche a limpiar la ciudad, lo hacen en autos sin identificación e incluso sin patente, están encapuchados, golpean a las personas en situación de calle mientras duermen, les roban sus pertenencias, hasta las zapatillas, le arrojan gas pimienta y la comida que le da la asistencia estatal. Personas mayores han sufrido lesiones por parte de este grupo paraestatal. La patrulla municipal de Montenegro está yendo demasiado lejos: reinaugura violencias que no queremos que vuelvan en Argentina.
¿Así se resuelven los problemas de inseguridad y del delito? ¿Amenazando, golpeando, robando, es decir cometiendo más delitos? El fuego se apaga con agua, no con más combustible.
Montenegro no sólo no respeta los límites que la ley le impone a su función, va más lejos: amenaza con la “extinción” de este organismo y de los derechos humanos. Extinción quiere decir: “desaparición, agonía, apagamiento, cese, declive, muerte; hecho que una especia desaparece por completo”. Lo que debe extinguirse en una democracia son las violaciones a los derechos humanos y el amparo de estos actos ilegales por parte de sus funcionarios.
La justicia debe investigar los delitos que se denuncian y el Honorable Concejo Deliberante la actuación del Intendente Municipal. Lo que solicitamos está en el marco de las leyes vigentes. Los poderes del Estado decidirán si avanzan con estas investigaciones y las sancionan. La CPM reclama solamente que se cumpla con las leyes. Siempre. Incluso para sancionar a quienes la incumplen.
Gobernar por fuera de las leyes, habilitando, ordenando, reivindicando o encubriendo las violencias del Estado, no tiene nada que ver con la democracia, sino con el autoritarismo a la que nuestra sociedad le dijo NUNCA MÁS”.