La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó al Concejo Deliberante investigar las acciones del intendente Guillermo Montenegro contra las personas en situación de calle y los “trapitos”, y de ser necesario, sancionarlo. La CPM expresó su preocupación por las medidas implementadas por el jefe comunal, las cuales considera abusivas y violentas.
A través de una denuncia ampliada, la CPM señala que las acciones del intendente incluyen el uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad por parte de la Patrulla Municipal. Argumentan que los agentes municipales han cometido delitos, como violencia física y psíquica contra personas vulnerables, y que “Montenegro no solo no denunció estos hechos, sino que los celebró en publicaciones que podrían considerarse apología del delito.”
La CPM destaca un caso en particular, el de un “trapito” que fue agredido después de intentar golpear a un agente. Además, denuncia el uso indebido de armas “no letales” por parte de la Patrulla Municipal, que carece de la facultad legal para llevar a cabo detenciones o usar armamento. Aseguran que la actuación de la Patrulla Municipal es incompatible con la ley provincial de seguridad pública, ya que este cuerpo no está autorizado para realizar esas funciones, las cuales corresponden exclusivamente a las fuerzas de seguridad provinciales.
El organismo también subraya que la intervención del personal municipal desnaturaliza las funciones para las que fue creado, ya que no tiene la potestad de llevar a cabo aprehensiones ni de usar armamento, de acuerdo con el decreto que establece sus competencias. A su juicio, la actuación de la Patrulla Municipal no solo infringe la ley, sino que también refleja un mensaje erróneo sobre el trato a las personas en situación de vulnerabilidad, como los vendedores ambulantes o quienes cuidan vehículos.
La CPM hace un llamado a que el Concejo Deliberante investigue estas acciones y, si corresponde, sancione al intendente, de acuerdo con la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades. Insisten en que es fundamental que “el Estado tome medidas positivas para abordar la pobreza, el desempleo y la exclusión social, en lugar de recurrir a la persecución y criminalización de quienes viven en la calle o realizan trabajos informales”.