El Gobierno nacional puso en marcha su plan “Burocracia Cero” para avanzar con la desregulación de la mayoría de la estructura estatal. De acuerdo al plan oficial, en los próximos 30 días todas las jurisdicciones y entidades del sector público deberán identificar y derogar todas las normas que obstaculicen la libre competencia y la actividad económica.
La iniciativa, que busca reducir la cantidad de regulaciones vigentes y eliminar aquellas que sean consideradas innecesarias o redundantes, estará encabezada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de acuerdo a lo informado en las últimas horas por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Para llevar adelante el programa “Burocracia Cero”, las jurisdicciones deberán realizar un relevamiento de normativas y presentar un informe en el que justifiquen las modificaciones o eliminaciones propuestas. Desde el oficialismo, esperan que este proceso permita agilizar la actividad económica y fomentar un entorno más competitivo.
Fue el propio Sturzenegger el encargado de anunciar a través de su cuenta en la red social X que, junto al presidente Javier Milei, firmaron el Decreto 90/25 que será publicado el próximo lunes. El mismo, establece una revisión integral de la normativa legal en el país, como parte del proceso denominado “Desregulación 2.0“.
En este sentido, el Ministro explicó que el Decreto 90/25 instruye a todos los ministerios a presentar, en un plazo de 30 días, un listado con las leyes, Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), decretos delegados y demás normativas que consideren necesarias para la desregulación de los organismos del Estado.
Según detalló el funcionario, Argentina cuenta con aproximadamente 27.000 leyes, 70.000 decretos digitalizados y alrededor de 200.000 resoluciones. Además, el digesto jurídico ha recopilado unas 4.600 leyes vigentes. La iniciativa busca depurar y modernizar el marco normativo para mejorar su eficiencia.
Dentro de este proceso, el Gobierno también viene realizando un análisis sobre los decretos existentes, eliminando aquellos que ya cumplieron su plazo o que abordan cuestiones administrativas obsoletas. Como resultado, el número de decretos “vivos” se ha reducido a 4.200, que ahora serán objeto de una revisión integral.
Con 144 días restantes dentro de las facultades delegadas al Ejecutivo, la administración de Javier Milei busca acelerar la implementación de esta reforma llamada “Burocracia Cero”. El objetivo final es consolidar un marco regulatorio más eficiente, simplificado y acorde a las necesidades del sector productivo y la sociedad.
El Decreto 90/25 representa un paso clave en el proceso de desregulación, estableciendo las bases para futuras modificaciones legales que buscan facilitar la actividad económica y fomentar el desarrollo del país.
Burocracia Cero: Milei busca fusionar más de 50 organismos
El presidente Javier Milei había adelantado a principios de febrero que el Gobierno avanzará con un decreto para eliminar, fusionar o transformar diversos organismos estatales, que no cumplen funciones esenciales o duplican tareas realizadas por otras dependencias. Esta medida se enmarca en el plan de “Burocracia Cero” anunciado en las últimas horas.
En una entrevista televisiva, Milei aseguró que su gestión busca una revisión profunda del aparato estatal. En este sentido, enfatizó que Argentina cuenta con un número excesivo de normativas y organismos, lo que justifica la necesidad de una desregulación. El objetivo, según el mandatario, es optimizar los recursos y evitar la burocracia innecesaria.
Para llevar adelante esta transformación, el Presidente señaló que cada dependencia deberá elaborar un informe detallado sobre las normativas y funciones que realmente utilizan. A partir de este análisis, se definirá qué estructuras permanecerán, cuáles serán modificadas y cuáles se eliminarán.
El anuncio ha generado expectativas y debate en distintos sectores de la sociedad. Mientras algunos consideran que la medida contribuirá a una mayor eficiencia del Estado, otros advierten sobre el impacto que podría tener en el empleo público y la prestación de ciertos servicios. Se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre los organismos afectados y el alcance de las reformas.