la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anticipó que el Gobierno dará de baja todas las inscripciones al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), y advirtió que la habilitación de plantación que tenían las personas registradas “desviaba la marihuana” hacia el mercado ilegal.
“Vamos a dar todo de baja y vamos a empezar de cero. Con la marihuana hemos tenido un problema muy serio. Algunos creen que no hace daño, pero se convirtió en una droga muy peligrosa. El THC que hay en Argentina es de 18%, pero la que está legalizada en Uruguay se acepta hasta un 2%”, expresó Bullrich al anunciar el fin del Reprocann.
Según las palabras de la ministra de Seguridad, luego del 2019, cuando se votó la ley de cannabis medicinal, se dieron 300.000 permisos para sembrar marihuana, y más 30.000 podían sembrar para vender remedios a otros. “Hemos encontrado un hincha de Colón que vino con el carnecito del Reprocann para sembrar 18 plantas, al final tenía 18.000 y lo llevamos detenido”, recordó la funcionaria.
En esa línea, respecto de las licencias que otorgaba el Reprocann, Bullrich anticipó que el Gobierno de Javier Milei va a dar de baja las 300.000 habilitaciones existentes, con la idea de “dar todo de baja y empezar de cero”. “Porque hecha la ley, hecha la trampa, y eso es lo que queremos desarticular”, sintetizó.
“Es ley el cannabis medicinal, lo que no es es ley es el desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal. Ese descontrol hace que nosotros tengamos menos marihuana en la frontera y mucha más marihuana sembrada en cualquier lugar”, ratificó la ministra, que desde el comienzo de su gestión al frente de la cartera de Seguridad apunta a los límites con los países vecinos.
Es preciso recordar que, en agosto del 2024, el Ministerio de Salud había notificado a través de la Resolución 3132/2024 publicada en el Boletín Oficial una serie de cambios orientados a las asociaciones civiles y ONG que soliciten el permiso de cultivo y transporte de la planta de cannabis, con el objetivo de “fortalecer los controles y la transparencia”.
En tanto, la modificación más significativa de esa Resolución firmada por el entonces ministro, Mario Russo, radicaba en que los profesionales de la salud que gestionaran el trámite en el Reprocann, debían contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la planta de cannabis.
Por otro lado, la norma que rige hace poco menos de un año fijaba que las asociaciones civiles o fundaciones deben tener como parte de su objeto social la “prosecución de los objetivos previstos para el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis”.
Para eso, las organizaciones de plantación de cannabis para uso medicinal debían demostrar su “efectiva vinculación, con un carnet o constancia emitida a los efectos de acreditar representación por la institución respecto de las personas registradas en Reprocann para las cuales cumplirá el rol de cultivador”.
Hasta el momento, el certificado del Reprocann tenía una vigencia de 3 años desde la fecha de emisión. Ahora, con el nuevo anuncio de la ministra de Seguridad, las organizaciones sociales esperan la publicación de la normativa en el Boletín Oficial para conocer la letra chica de la iniciativa, y qué sucederá con quienes se dediquen al cultivo de cannabis.
Bullrich amenaza con cerrar el Reprocann
El abogado representante de diversas ONG que promueven el acceso seguro y legal al cannabis medicinal, Piero Liebman, cuestionó en una entrevista radial las declaraciones de la ministra de Seguridad que amenazó con cerrar el Reprocann.
“Hay un juego de palabras. Dicen que van a dar de baja lo que es ilegal. Lo ilegal no se puede dar de baja, el estado puede y debería controlarlo. Va a seguir siendo ley y no lo cuestiona. Busca el discurso del miedo y la estigmatización”, señaló Liebman.
Para el abogado especialista en asuntos legales sobre el cannabis medicinal, el hecho de que desde el Gobierno aseguren que “no van a otorgar o que van a dar de baja los registros en el Reprocann” no tiene un sustento real, ya que, aseguran, lo hacen en el marco de un programa que “no funciona”. “Lo que tenemos que defender es el acceso a la salud frente a la campaña del miedo”, afirmó Liebman.
“Vamos a seguir abogando por el derecho a la salud. Tenemos muchas presentaciones. Tanto de personas que quieren abastecer a los pacientes que necesitan de cannabis medicinal como a los usuarios que piden por ese programa y a los que el Estado les niega la autorización final”, concluyó el letrado.