La fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia que eleve la condena de Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad. El fiscal general Mario Villar presentó la solicitud al apelar la resolución de la Cámara de Casación Penal, que había confirmado la pena de seis años de cárcel para la expresidenta por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El año pasado, la Casación ratificó la sentencia que también inhabilitó de forma perpetua a Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos. Sin embargo, desde la Fiscalía en que debía aplicarse la figura de asociación ilícita, ya que, según su planteo, no se requiere que los delitos planificados se ejecuten para configurar ese tipo penal y señalaron que la exclusión de esa calificación legal es arbitraria.
En su apelación, el fiscal Villar cuestionó que la Cámara de Casación no haya respondido sobre este punto y también criticó la absolución de Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y Nelson Periotti en lo referido a la acusación por asociación ilícita.
Según reza la presentación, las pruebas demostraron que ellos, junto al fallecido expresidente Néstor Kirchner, montaron una estructura de corrupción basada en la división estratégica de roles dentro y fuera del Estado, que se mantuvo activa por más de 12 años con el objetivo de desviar fondos públicos a través del direccionamiento de la obra pública.
En este sentido, Villar rechazó la idea de que se tratara solo de irregularidades en licitaciones y argumentó que lo que se probó fue la existencia de un sistema jerarquizado orientado a la sustracción sistemática de recursos destinados a la obra pública. Ahora, será la Corte Suprema la que deberá decidir si revisa el planteo del fiscal y reevalúa la pena impuesta a la exmandataria.
La Justicia ordena peritar los bienes de Cristina
Kirchner por presunto “enriquecimiento ilícito”
La Justicia federal dispuso un peritaje contable para determinar si existieron irregularidades en la evolución patrimonial de la expresidenta Cristina Kirchner luego de la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, impulsada por la Cámara Federal porteña a fines de 2024.
La investigación, liderada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, tiene como objetivo examinar la declaración de bienes de la exmandataria durante el período comprendido entre 2009 y 2015 cuando se encontraba al frente del Estado nacional y analizar diferentes aspectos de su patrimonio.
El peritaje se enfoca principalmente en varios puntos clave relacionados con las propiedades declaradas por Cristina Kirchner, entre ellas una vivienda ubicada en la calle 25 de Mayo en Río Gallegos, cuya titularidad y variación en su valor declarado serán investigados.
Asimismo, desde la Fiscalía a cargo de la investigación se estudiará la relación de la expresidenta con Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, y la transferencia de terrenos. Entre los bienes bajo investigación se encuentra un predio de 87.000 metros cuadrados que figuraba como copropiedad de Néstor Kirchner y el empresario santacruceño desde 2006, aunque el registro lo muestra sólo a nombre del expresidente fallecido en 2010.
En ese sentido, el fiscal Pollicita también pondrá bajo la lupa la cesión de un terreno en El Calafate a Báez, y examinará la correcta exteriorización de plazos fijos y depósitos en dólares realizados por Kirchner.
El análisis de las cuentas bancarias de la exmandataria y su grupo familiar, junto con los movimientos financieros vinculados a sociedades en las que participó, también será parte del peritaje donde los investigadores rastrearan inconsistencias entre los ingresos declarados y el nivel de gastos de Cristina Kirchner durante esos años.
Vale recordar que este último peritaje contable se ordenó el pasado 26 de diciembre, durante el inicio de la feria judicial. Al respecto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó información actualizada al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz y a la Municipalidad de El Calafate.
Asimismo, se requirió al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 2 de Santa Cruz que remita copias certificadas del expediente de la sucesión de Néstor Kirchner, cuyo pedido está relacionado con una posible omisión de bienes en la herencia del exmandatario por parte de su viuda.