En una jornada marcada por la incertidumbre y la preocupación, Natalia Sánchez Jáuregui, Secretaria de Organización de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) a nivel nacional, presidió un plenario de Delegados Regionales y Nacionales en Mar del Plata, donde expresó la firme posición del gremio frente a lo que consideran “un intento de intervención” por parte del Gobierno de Javier Milei. En esta reunión, se dejó en claro que la organización se encuentra en estado de alerta y movilización
Acompañada por Enrique García, Secretario General de la Seccional 826 y Delegado Provincial de la zona sudeste de UATRE; Ariel Piagnatelli, Delegado original de Bahía Blanca y Marta Graña, Secretaria de Relaciones Institucionales de la Seccional 777 expusieron la grave situación que atraviesa el sindicato, que agrupa a más de 400.000 afiliados en todo el país. La dirigente sindical se refirió a la intervención que hoy ya sufre la obra social ya afecta trabajadores rurales, ya que es un servicio que ha sido el blanco de diversas maniobras políticas.
“Esta intervención a Ospreda es un golpe directo a la representatividad de los trabajadores rurales, y la forma en que se llevó a cabo, por medio de un decreto y por un juez incompetente, es un claro abuso de poder”, señaló Jáuregui. Según ella, la medida fue el resultado de una denuncia arbitraria que, lejos de ser tratada con transparencia, derivó en el desplazamiento de un consejo directivo legítimamente elegido por los trabajadores.
Lo más preocupante para los dirigentes del gremio es que, “a raíz de la intervención, se designaron a personas afines al diputado de la Libertad Avanza, Pablo Ansaloni, en puestos clave de distintas delegaciones de la provincia de Buenos Aires, se premió a quienes denunciaron al gremio con cargos en la intervención”, añadió Jauregui, quien lamentó el impacto que estas decisiones están teniendo sobre los trabajadores rurales y la estructura del sindicato.
La situación se agrava aún más con el manejo de los recursos de Ospreda, la cual, con más de 400.000 trabajadores representados más su grupo familiar, es una de las más grandes del país. “La obra social se ha visto intervenida dos veces por decreto, duplicando cargos y gerencias, y colocando a personas vinculadas a Ansaloni. Lo que está en juego es mucho más que una disputa interna, estamos hablando de una caja política”, aseguró la dirigente nacional.
El monto recaudado mensualmente por la obra social, según explicaron los sindicalistas, ronda los miles de millones de pesos, con un promedio de 22.000 pesos por afiliado. Sin embargo, destacaron que muchos de los trabajadores rurales ganan sueldos bajos, cercanos a los 730.000 pesos brutos anuales, lo que hace que los recursos no sean suficientes para afrontar las necesidades del gremio y sus afiliados.
Ante esta situación, UATRE se mantiene firme en su postura y espera una respuesta contundente de la Confederación General del Trabajo (CGT). A pesar del apoyo de varias CGT regionales, la organización considera que el silencio de la central sindical ante este avance sobre uno de los gremios más importantes del país es preocupante.
“Nos gustaría saber qué tiene para decir la CGT, pero esto va más allá de un gremio o de una sección. Si nos atacan a nosotros, un gremio que representa a miles de trabajadores rurales, pueden hacerlo con cualquier otro”, sostuvo García, quien también alertó sobre la posible extensión de esta intervención a otras áreas del movimiento obrero.
Los dirigentes de UATRE no dudan en vincular esta situación con una negociación política entre el gobierno y el diputado Ansaloni, “quien a pesar de haberse presentado como defensor de los trabajadores rurales, votó leyes perjudiciales para los mismos, dejando a muchas bolsas de trabajo sin recursos” enfatizaron.
En este contexto, los sindicalistas llamaron “a la unidad del movimiento obrero, ya que consideran que la intervención al gremio de los trabajadores rurales podría ser solo el principio de un ataque más amplio a la libertad sindical en el país”.
Por su parte y pesar de los obstáculos, Ariel Piagnatelli aseguró que el gremio sigue de pie y continúa trabajando en defensa de los derechos de los trabajadores. “Estamos activos, haciendo 4.000 inspecciones este año junto al RENATRE, dando servicios y beneficios a los afiliados. A pesar de los ataques constantes, seguimos luchando por la mejora de los salarios, en un contexto donde el gobierno nos cierra la puerta a la negociación”, señaló, destacando la fortaleza y unidad del gremio ante los desafíos que enfrenta.
“Este es el día a día. Los dirigentes estamos todos los días con los trabajadores y los afiliados, tratando de dar respuestas, pero lamentablemente no podemos, porque no tenemos acceso a quienes deberían ofrecer soluciones”, comentó Piagnatelli. En particular, destacó “que la falta de respuesta de la obra social afecta directamente a los afiliados, quienes en muchas ocasiones ni siquiera pueden acceder a lo esencial para su salud, como una simple cajita de aspirinas”.
Por su parte, Marta Graña, secretaria de Relaciones Institucionales de Guanguelén, también se refirió a la difícil situación que atraviesan los trabajadores en materia de salud. “Nosotros estamos luchando con una fuerza que no habíamos tenido antes. Acompañamos a los trabajadores y sus familias en todas sus problemáticas, especialmente en la salud. No podemos permitir que los compañeros, como los insulinodependientes o los que enfrentan enfermedades oncológicas, no reciban sus medicamentos a tiempo”, expresó Graña, subrayando la gravedad de la intervención gubernamental en la obra social, que ha dificultado aún más la atención médica de los trabajadores.
La secretaria añadió que “esta es la primera vez en la historia un gobierno ha intervenido en la obra social de UATRE, lo que ha complicado aún más la defensa de los derechos de los trabajadores. Nosotros como dirigentes tenemos la responsabilidad de defender a los trabajadores, pero no somos responsables de las intervenciones injustas que está llevando a cabo el gobierno. Seguimos luchando contra aquellos que quieren apoderarse de la caja y hacer lo que les plazca con los fondos de la obra social”, concluyó.
En resumen hicieron un llamado a la unidad y la lucha constante, destacando la fortaleza del gremio, que conduce José Boytenco y el compromiso con los trabajadores, a pesar de los serios desafíos que enfrentan en cuanto a la salud y las condiciones laborales.