Tras adelantar sus intenciones de querer modificar el Código Penal para eliminar la figura de femicidio, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo prohibió a través de la resolución 11167/2027 al Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, recortar políticas de género.
En ese sentido, el fallo prohíbe al Ejecutivo nacional recortar o eliminar los programas destinados a la prevención y asistencia de mujeres y niños víctimas de violencia de género. La medida responde a una apelación que hizo la administración libertaria a una cautelar que la Justicia había dictaminado en diciembre sobre la obligación del Estado de mantener los programas.
La resolución se da en el marco de una acción judicial iniciada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos, La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Mujeres x Mujeres y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, quienes en junio radicaron una denuncia, tras el vaciamiento del Estado que lleva a cabo La Libertad Avanza.
Es que, a la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el desmantelamiento de los programas y la renuncia de Claudia Barcia como titular de dicha entidad bajo el mando del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, funcionario que volvió a negar la violencia de género, esta última semana la administración nacional cargó las tintas contra la perspectiva de género a la que llamó “cáncer al que hay que extirpar”.
“El feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del estado”, cuestionó el Milei durante su exposición en la 55° Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, tras aseverar que las mismas tienen “el deseo manifiesto de destruir la crítica y la disidencia”.
Tras los inquietantes dichos, fuentes de Casa Rosada confirmaron que, el jefe de Estado libertario prepara una batería de medidas que revertirán los avances en materia de género alcanzados en los últimos años, como la figura judicial del femicidio, la Ley de Identidad de Género, y el cupo laboral trans.“El Estado no puede hacerse cargo de cada sector que se considere minoría”, argumentó en Davos Milei.
Frente a la avanzada antiderechos, la Justicia ordenó que el Gobierno debe abstenerse de reducir los recursos humanos y la infraestructura de los programas vinculados a la violencia de género, gestionados por la subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y los Centros de Acceso a la Justicia.
Asimismo, la resolución prohíbe realizar reorganizaciones en estos organismos, garantizando la continuidad de la publicación de estadísticas y evidencia relevante en torno a la problemáticas sobre violencia de género.