El titular del Astillero Río Santiago y secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria y Afines (FETIA / CTA-T), Pedro Wasiejko, advirtió que la decisión que tomó el Gobierno de Javier Milei de disolver la Administración General de Puertos (AGP) es una “decisión absolutamente nefasta” por las implicancias que puede tener a largo plazo.
“El objetivo del Gobierno es eliminar toda posibilidad de que el Estado administre eliminar toda posibilidad de que el Estado administre el Canal Troncal de Navegación del Río Paraná”, indicó Wasiejko quien además indicó que en los años en los que estuvo bajo la gestión pública se logró generar un superávit que se reinvirtió en mejorar los sistemas de control de las vías.
Cabe precisar que, la Vía Navegable Troncal es reconocida por el Gobierno nacional como uno de los pilares del desarrollo del país, dado que es la conexión de los puertos y terminales fluviales del Río Paraná y del Río de La Plata con el océano. En rigor, es la principal ruta fluvio marítima de la producción y por donde se realiza alrededor del 80% del comercio exterior argentino.
Según precisó Wasiejko, durante la gestión de Alberto Fernández, la administración del Canal Troncal pasó a manos del Estado, luego de haber sido privatizado en el Gobierno de Carlos Menem, que tenía a Domingo Cavallo como Ministro de Economía. En tanto que, el titular del Astillero precisó que durante el 2022, la AGN logró generar un superávit de 19 millones de dólares.
“Lo que quedó claro es que el Canal Troncal administrado por la AGP dejó recursos para invertir en otras obras”, indicó Wasiejko y detalló que las mejoras se pudieron ver en el recambio de claraboyas provistas en un 95% por empresas nacionales, en la implementación de tecnología que permite hacer el seguimiento real de las embarcaciones y las cámaras de seguridad que utiliza el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Por caso, el titular del Astillero Río Santiago consideró que la eliminación de la AGP repercutirá inexorablemente en que el Estado no tenga un instrumento de administración, pese a que el ente está equipado de manera estratégica sobre el conocimiento de dragado y controles. “A uno puede gustarle o no la gestión, pero en definitiva es un organismo autárquico del Estado nacional que puede encargarse de esa tarea y puede hacer contrataciones de manera eficiente”, detalló.
En este sentido, Wasiejko alertó que la decisión del Gobierno nacional perjudicará además a las gestiones siguientes, dado que con la eliminación de la AGP lo que termina por ocurrir es que no habrá forma de que el país tenga un control eficiente sobre lo que ocurre en sus puertos, con lo cual la herramienta deberá ser constituida nuevamente.
“El principal objetivo es sacarla del juego para que no quede ninguna herramienta del Estado para administrar el Canal Troncal. Si el día de mañana hay un cambio de gobierno no va a existir ninguna herramienta que permita hacer esa administración, sino que se tendrá que volver a crear de cero”, indicó el titular del Astillero.
En suma, Wasiejko aseguró que el Gobierno de Milei pretende hacer una licitación del Canal Troncal a 30 años renovable por otras tres décadas, “son pedir nada a cambio, simplemente algunas modificaciones de la profundidad del canal”.
La disolución de la Administración General de Puertos
El lunes, el Gobierno nacional formalizó la disolución de la AGP y la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), un organismo que asumirá el manejo del puerto de Buenos Aires y la administración de la Hidrovía Paraná – Paraguay.
Según lo dispuesto por el Decreto 3/2025 publicado en el Boletín Oficial, rige también la eliminación de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y la licitación del dragado de la hidrovía, que será adjudicado a empresas privadas.
“A lo largo de los últimos años la AGP de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) ha incrementado notablemente su estructura administrativa y la planta de personal con relación a sus funciones y competencias”, precisó el Gobierno en el Decreto y aseguró que ello, conlleva un costo para el Estado nacional.