Los denunciados son Enrique Guillermo y Jorge Enrique María Shaw, junto con la empresa Pinamar S.A., conocida formalmente como “Pinamar Sociedad Anónima Forestal, Agropecuaria, Inmobiliaria, Comercial e Industrial”, así como las firmas Imfi S.A. y Caec S.A. También están bajo investigación otras personas físicas o jurídicas que podrían haber participado o encubierto las maniobras denunciadas. El caso está siendo investigado por el juez en lo Criminal y Correccional Diego Slupski y el fiscal Eduardo Rosende. “Nos engañaron cuando nos vendieron los lotes y pretenden seguir engañándonos”, dice la demanda.
La denuncia, presentada en los tribunales de Buenos Aires, describe “hechos sumamente graves” cometidos por figuras destacadas del ámbito inmobiliario que, según se acusa, utilizaron la empresa Pinamar S.A. para perjudicar a unas 300 familias, entre ellas alrededor de 100 residentes de Pinamar y 200 inversores de la Capital y el conurbano bonaerense.
Según el artículo 172 del Código Penal, el delito de defraudación contempla penas de prisión de uno a seis años por actos como el abuso de confianza, falsos títulos o engaños similares, lo que se argumenta se habría llevado a cabo en este caso.
Según reporta El Mensajero, el conflicto se remonta al 30 de mayo de 2003, cuando Pinamar S.A. y Caec S.A. firmaron un contrato de fideicomiso con Imfi S.A. para desarrollar un proyecto de urbanización de lujo en Pinamar.
El predio, ubicado cerca de la Ruta 11, incluía áreas verdes, club house, canchas de polo, zonas deportivas y otros servicios exclusivos. Este desarrollo se comercializó como “La Herradura”, el primer y único barrio privado de la zona, con terrenos desde 1400 metros cuadrados.
Desde el inicio, el predio fue cercado y controlado mediante seguridad privada, lo que reforzaba la exclusividad prometida. Sin embargo, la denuncia presentada recientemente sostiene que estas medidas solo fueron una estrategia inicial de un presunto fraude inmobiliario.
Cambios en el proyecto y denuncias de estafa
Años después, los denunciantes descubrieron que La Herradura no era un barrio privado, como se había publicitado, y que los desarrolladores intentan ahora lotear y comercializar áreas deportivas originalmente concebidas como espacios comunes.
Según los denunciantes, estas zonas han sido mantenidas por los propios vecinos desde la creación del barrio.
El abogado de los damnificados señaló que los desarrolladores buscan aprovecharse del aumento en el valor de mercado de las tierras del barrio, calificando estas acciones como una muestra de “codicia”.
Además, afirmó que los mismos responsables del proyecto crearon una asociación de vecinos para gestionar un barrio que legalmente no cumple con los requisitos para ser considerado privado.
Pruebas y pedidos de investigación
Entre las pruebas presentadas figura una copia certificada de la página web municipal de Pinamar de 2011, que promovía a La Herradura como un barrio exclusivo con instalaciones deportivas de primer nivel.
Los denunciantes exigen la indagatoria de los responsables y solicitaron informes sobre los antecedentes de las empresas involucradas, los contratos firmados y los registros en la Municipalidad de Pinamar relacionados con el desarrollo y venta de los terrenos.
La denuncia busca esclarecer las irregularidades y garantizar que se responsabilice a quienes resulten culpables de defraudación. El caso sigue en manos de la Justicia.