La Justicia Federal solicitó la extradición del exsenador entrerriano, Edgardo Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel Costa, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, lavado de dinero, entre otros delitos, luego de que quedara detenido en Paraguay cuando intentó ingresar 200 al país con más de USD 200 mil en efectivo.
La jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, envió un exhorto internacional a Paraguay, donde ambos acusados cumplen prisión domiciliaria tras ser interceptados con USD 211.000 sin declarar. La magistrada además pidió el secuestro de celulares y dispositivos electrónicos, además del allanamiento del departamento donde residen en un complejo de lujo en Asunción.
La investigación contra el ex legislador tomó impulso luego de que el Senado de la Nación votara su expulsión el jueves pasado, al considerar su “inhabilidad moral” para ocupar una banca. La sesión, que contó con una amplia mayoría de 60 votos a favor, estuvo envuelta en polémica por ser titularizada por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, mientras el jefe de Estado, Javier Milei, se encontraba en el exterior. Con la pérdida de fueros, la Justicia finalmente quedó habilitada para avanzar con el proceso judicial y ordenar la captura de Kueider.
Sobre este nuevo escenario, Arroyo Salgado formalizó el exhorto internacional y solicitó que ambos detenidos sean trasladados al Juzgado Federal de San Isidro, donde tramita la causa. La jueza busca tomar declaración indagatoria al exsenador y a Guinsel Costa en territorio argentino. De manera preventiva, también pidió la captura internacional de ambos, a través de Interpol, para evitar que puedan fugarse si la Justicia paraguaya decide liberarlos.
El proceso de extradición deberá tramitarse a través de la Cancillería argentina, que enviará la solicitud a la Embajada argentina en Asunción para luego ser presentada a la Cancillería paraguaya. Desde allí, el trámite pasará al Ministerio Público Fiscal del país vecino, que será el encargado de darle curso a Interpol. En caso de aceptación, el pedido será judicializado y quedará en manos de un juez de garantías en Paraguay, según el tratado bilateral de extradición vigente entre ambos países desde 1996.
Asimismo, Arroyo Salgado también solicitó copia legalizada del proceso penal que tramita en Paraguay, que incluye el acta de secuestro de los USD 211.000, documentación, elementos informáticos y demás pruebas obtenidas en el operativo que terminó con la detención de Kueider y su acompañante en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay. La jueza busca reunir todos los elementos posibles para fortalecer la causa en Argentina.
En paralelo, la magistrada solicitó que la Justicia paraguaya secuestre los celulares de Kueider y Guinsel Costa, medida que hasta el momento no había sido concretada por los fiscales Alcides Giménez y Edgar Benítez. La intención es someter los dispositivos a peritajes que permitan recuperar contenido clave y determinar si fueron manipulados a distancia o presencialmente. En el entorno judicial argentino temen que, al no haberse realizado el secuestro en un primer momento, se haya perdido evidencia fundamental para la causa.
El allanamiento solicitado por la jueza incluye el departamento del complejo Tierra Alta en Asunción, donde Kueider y Guinsel Costa cumplen prisión domiciliaria, y se extiende a anexos como depósitos, garajes, bauleras y oficinas. De hecho, Arroyo Salgado ordenó secuestrar cualquier dispositivo electrónico que pueda encontrarse, incluyendo computadoras, pendrives y discos externos. La medida busca obtener información adicional sobre los movimientos financieros y posibles contactos vinculados a las maniobras investigadas.
Caso Kueider: la investigación paralela de Arroyo Salgado que complica al ex legislador
La solicitud de Arroyo Salgado avanza en paralelo a la cooperación que vienen desarrollando los Ministerios Públicos de Argentina y Paraguay. La semana pasada, los fiscales paraguayos remitieron a la PROCELAC y a la Fiscalía Federal de Fernando Domínguez copias de las actuaciones realizadas en Ciudad del Este al momento de la detención. Entre las pruebas se destacan imágenes y registros audiovisuales del operativo en el que se secuestraron los dólares no declarados.
La jueza busca garantizar que la totalidad de estas actuaciones, debidamente legalizadas, sean incorporadas al expediente argentino. El objetivo es determinar quién está detrás de los movimientos de dinero y, en particular, la relación de Guinsel Costa con la firma paraguaya Golsur S.A., una sociedad sin actividad real que habría sido utilizada para realizar inversiones en Paraguay.
De acuerdo a los fiscales paraguayos, si Kueider acepta someterse a la Justicia argentina, el proceso en Paraguay por intento de contrabando de divisas, un delito con una pena máxima de dos años y medio, quedaría cerrado. Sin embargo, el ex senador preferiría mantenerse en territorio paraguayo, donde las consecuencias legales son menos severas. En caso de negarse a la extradición, el trámite podría extenderse a través de distintas instancias judiciales, demorando su regreso al país.
Por otro lado, la causa por enriquecimiento ilícito guarda relación con otra investigación previa en el mismo Juzgado Federal, que apunta a presuntos pagos de coimas entre la empresa de seguridad Securitas Argentina y la compañía de energía ENERSA, entre 2016 y 2018. Durante ese período, Kueider ocupaba el cargo de secretario general de Gobierno en Entre Ríos, bajo la gestión del entonces gobernador Gustavo Bordet.
Vale recordar que esta causa paralela contra Kueider surgió a partir de una denuncia del periodista Christian Sanz, quien, a través de publicaciones en la revista Análisis y en el sitio El Disenso, expuso las irregularidades patrimoniales del ex legislador. Según la investigación, Kueider tendría tres departamentos en un edificio de lujo en Paraná a través de Betail S.A., una sociedad que carece de actividad económica y que habría sido utilizada como pantalla para ocultar bienes. A esto se suman cargos por cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.