“No somos okupas, ni ladrones del espacio, ni usurpadores. Somos 150 familias trabajadoras”, aseguró, en diálogo con “el Retrato…”, Valeria Castaño, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), respecto al espacio donde desarrollan sus actividades en Gaboto 9554. En este marco, informó: “Vino el notificador y redactó un acta con la suspensión del desalojo, pero seguimos en estado de alerta. Fuimos estafados y exigimos una instancia de mediación”.
“Durante la exposición de trabajo organizada por quienes utilizamos el galpón, y con el acompañamiento de centrales obreras, espacios de la universidad nacional y estudiantes, entre otros, se presentó el notificador. Dadas las circunstancias, el desalojo fue suspendido,” explicó Castaño y detalló: “Somos 150 familias que dependemos del espacio. Hay artistas callejeros, taller de herrería, foodtrucks, carros jugueros, parrilla, fruteros, feriantes. Utilizamos el espacio todos los días, durante todo el año”. 
Sin embargo, a pesar de la suspensión del desalojo, Castaño manifestó su incertidumbre respecto al futuro. “No sabemos qué sucederá. Por eso, exigimos una instancia de mediación, que hasta ahora no ha existido. A nosotros nos estafaron. Ingresamos al espacio alquilando y resultó que las personas no eran dueñas del lugar. Después de seis años, se presenta una sociedad anónima que sostiene ser dueño del espacio, que insta al desalojo por falta de pago y se inició un proceso judicial con muchas irregularidades”.
“Nos tratan de usurpadores cuando nunca lo fuimos”
En este contexto, Castaño expresó que la situación refleja una problemática más amplia que enfrentan los trabajadores de la economía popular: “la persecución. Después de seis meses de notificaciones y presentaciones, (desde la sociedad anónima) se dieron cuenta que realmente fuimos estafados, pero en ningún momento se presentaron a hablar con nosotros”.
Asimismo, añadió: “Queremos que se nos reconozcan todas las mejoras que se le hizo al espacio desde hace siete años” y advirtió: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Pediremos la intervención del Defensor del Pueblo de la provincia. Si hay un dueño del espacio, que se presente y haga las cosas legalmente, como corresponde”.