La concejal Mariana Cuesta (Unión por la Patria) defendió la necesidad de regular el uso de celulares en las escuelas primarias municipales, una situación hoy literalmente desmadrada en las aulas. Lo hizo en el marco de la reunión de la Comision de Educación, donde fundamente la iniciativa , en tanto desde el radicalismo pusieron reparos al advirtió que una regulación estricta podría obligar a reabrir el debate en el futuro si las autoridades educativas consideraran necesario reincorporar el uso de celulares en las aulas.
La iniciativa propone establecer un marco normativo que permita a las instituciones definir reglas claras, evitando conflictos entre docentes y familias. Aunque el uso de celulares es más frecuente en los grados superiores, Cuesta destacó que las escuelas enfrentan dificultades para gestionar esta problemática, especialmente con la creciente accesibilidad tecnológica en los niños más pequeños.
La concejal subrayó que actualmente, las escuelas primarias no permiten el uso de celulares, pero lo hacen mediante acuerdos institucionales que generan disputas con las familias. Cuesta señaló que la normativa serviría de respaldo, proporcionando límites claros y evitando conflictos. Además, recalcó cómo el uso de teléfonos altera las relaciones en el aula y dificulta la comunicación entre docentes y familias. “Es fundamental que el teléfono esté apagado y guardado durante la jornada escolar, salvo para actividades pedagógicas específicas”, señaló.
La propuesta no busca prohibir los celulares, sino regular su uso. “Es importante que los niños puedan concentrarse en las actividades escolares sin distracciones tecnológicas innecesarias”, añadió Cuesta. Esta medida busca mejorar la organización y el respeto al rol de la escuela, además de proteger el proceso educativo. El proyecto continúa avanzando en la comisión de Educación y genera consenso sobre la necesidad de abordar la influencia de las nuevas tecnologías en el ámbito escolar.
Posición del radicalismo
Por otro lado, el concejal radical Daniel Núñez expresó su oposición al proyecto. Consideró que legislar mediante una ordenanza podría dificultar la adaptación del sistema educativo a futuras necesidades pedagógicas. Afirmó que una resolución ministerial, como la adoptada en la Ciudad de Buenos Aires, es más flexible y permite ajustes rápidos según estudios y resultados. Además, argumentó que, aunque en la actualidad no se justifique el uso de celulares en las escuelas primarias, la evolución tecnológica puede llevar a que estos dispositivos se conviertan en herramientas útiles para la enseñanza, especialmente en áreas como inteligencia artificial y robótica.
Núñez advirtió que una regulación estricta podría generar un debate futuro sobre la necesidad de reincorporar los celulares en el aula si surgen nuevas demandas educativas. En su opinión, las decisiones deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los avances tecnológicos sin generar restricciones innecesarias.