En medio del debate por el presupuesto de las Universidades Nacionales, estudiantes de la Licenciatura en Gestión del Medio Ambiente denunciaron arancelamiento por parte de las autoridades de la UTN Mar del Plata.
El reclamo apunta contra el Ing. Fernando Sholtus (Decano) y el Ing. Lucas Lani (Vicedecano), máximas autoridades de la sede que actualmente cobran aranceles a los estudiantes, tanto de las tecnicaturas como de los ciclos de Licenciatura, indicaron.
A través de un documento dado a conocer a la prensa señalan textualmente:
Sobre una población de 2300 estudiantes, más de 1800 estudian carreras cortas o ciclos de Licenciatura, pagando matrículas anuales y cuotas que oscilan entre los $48.000 y los $100.000 mensuales, siendo una amplia minoría los que acceden a las Ingenierías y no abonan dinero. Este dinero es recaudado por la Universidad y utilizado en gastos que no son auditados ni se rinden ante el Cogobierno de la sede ni el Rectorado.
Como si fuera poco, al cobrar la Tecnicatura en Procedimientos Medioambientales y ofrecer el ciclo de Licenciatura también bajo la modalidad paga, se encubre un arancelamiento de la carrera de grado distribuida en dos tramos, lo cual imcumple la Ley de Educación Superior y el Estatuto de la UTN.
Lamentablemente, no es el primer escándalo que hace noticia a la UTN Mar del Plata ni a sus autoridades, que en 2023 llamaron la atención por atravesar el primer paro en más de veinte años, llevado a cabo por el gremio APUTN debido al despido injustificado de una trabajadora de la Universidad. Al mes, se anunció el cierre de la carrera Licenciatura en Gestión Ambiental, el cual se dio de repente, dejando a muchos estudiantes sin la posibilidad de continuar con su formación académica.
A fines del año pasado, la Justicia frenó las elecciones de claustro a raíz de un pedido de impugnación, debido a las numerosas irregularidades tanto en plazos, el hecho de no haber notificado al Consejo Directivo, modificaciones de los integrantes de la Junta Electoral sin previa discusión con las partes, padrones con errores, y, lo más grave del proceso, la exclusión de cuatro estudiantes que se postulaban a los Consejos departamentales aduciendo que no cumplían los requisitos, prohibiendo su participación en una práctica antidemocrática y con la evidente intención de perjudicar a un determinado sector político de la facultad.
Este reclamo de la Comisión de Estudiantes de Medio Ambiente vuelve a poner en el centro de la escena a la Facultad, en medio de sospechas sobre corrupción y un Gobierno que reclama por más y mejores auditorías sobre como y en qué se gastan los fondos públicos que reciben las Universidades.