Organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil llevarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del 191° período de sesiones, una variedad de tenas que los afecta desde la asunción del Gobierno de Javier Milei.
Uno de los puntos más relevantes es el pedido de intervención de la CIDH para que el Estado Nacional respete las leyes vigentes en espacios de memoria, tras el avance de la apertura de un bar de gin en el Faro de la Memoria, ex centro de detención clandestino y símbolo de Memoria, Verdad y Justicia en Mar del Plata.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado, junto a otros organismos, expondrá tres temas centrales en su presentación: el impacto de las políticas sociales en los trabajadores de la economía popular, la situación de las políticas de prevención y erradicación de las violencias de género, y el efecto de las actuales políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
La instalación del bar en el Faro de la Memoria será un ejemplo emblemático del último punto, con el objetivo de mostrar la realidad que enfrentan estos espacios, actualmente bajo la amenaza de ser utilizados para fines comerciales, lo que constituye una vulneración al respeto de estos lugares de memoria.
Señalaron que “Vemos cómo desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se están despidiendo a trabajadores de los espacios de Memoria y de los centros clandestinos de detención que se han recuperado y señalizado. Las distintas administraciones nacionales, provinciales y municipales parecen desconocer el valor de estos lugares y buscan transformarlos con actividades comerciales, sin respetar su significación histórica y social”
La Asociación espera que la CIDH inste al Estado Nacional a cumplir con las leyes y preservar la dignidad de estos sitios. Según sus integrantes, la situación actual representa un claro retroceso en la lucha por la preservación de la Memoria, Verdad y Justicia en el país, por lo que esperan que el organismo panamericano les brinde la protección que, consideran, hoy se ve comprometida en el ámbito nacional.