La instalación de las cámaras de fotomultas puso en el ojo de la tormenta a los municipios de las provincias de Buenos Aires y a las universidades nacionales, que mediante la famosa autonomía, habilitan a las comunas bonaerenses a realizar contratos que escapan de los controles de las licitaciones públicas.
En concreto, el presidente Javier Milei arremetió en las últimas semanas contra las universidades por no permitir ser auditadas por la resurgida, Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Así, salió al descubierto el negocio entre las comunas bonaerenses y las casas de altos estudios que permiten que muchas empresas, que quedarían a mitad de camino por no pasar los filtros del Gobierno de igual modo, puedan firmar los convenios gracias a la colaboración de las fundaciones de las casas de altos estudios, muchas de ellas vinculadas al sector privado.
Asimismo, según fuentes del Gobierno nacional, en solo seis meses la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), dirigida por Carlos Greco, recaudó 6.900 millones de pesos en multas de tránsito, una caja millonaria que no está sujeta a auditorías. Dicho rector es uno de los detractores del “ajuste” del presidente Javier Milei a las universidades, y se manifestó en contra de las auditorías a las casas de altos estudios.
En el centro de este entramado de “pasamanos” legal, que permitió a las universidades engordar sus cajas, se encuentra “Secutrans”, una empresa dirigida por Leandro Camani, que gracias al lobby de exfuncionarios vinculados a las adjudicaciones -como se diría vulgarmente “atienden en los dos lados del mostrador”– posibilitaron que consolide su liderazgo en el mercado de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
Por caso, uno de los exfuncionarios, vinculados a las fundaciones universitarias, es el abogado, Matías Trejo, una figura polémica en el entramado de las fotomultas. Trejo, se desempeñó en la Cámara que agrupa a los prestadores de tecnología para la instalación de cámaras y se convirtió en el nexo con los intendentes bonaerenses. Al ser desplazado del organismo, por denuncias de manejo irregular, rápidamente pasó a ser un operador de Secutrans, posicionándose en ambos lados del mostrador.
La relación de Trejo con los intendentes es notoria, fue fotografiado, entre otros, junto al intendente de Lezama, municipio conocido por “cazar infractores” con fotomultas en la Autovía Dos, y con jefe comunal de Chivilcoy, el vecinalista Guillermo Britos, en otra adjudicación vinculada a fotomultas en esa ciudad del norte bonaerense
Fotomultas: la ley que promete beneficiar a los
municipios, pero los deja como los grandes perdedores
La normativa actual establece que el 80% del cobro de multas debe ser destinado a los municipios y el 20% a la provincia. Sin embargo, esta distribución rara vez se cumple en la práctica. Es que, las comunas reciben entre el 15% y el 30% por infracción, mientras que la provincia mantiene inamovible su 20% “de comisión”.
El resto de los ingresos se desvía hacia fundaciones universitarias contratadas para operar el sistema, y hacia empresas subcontratadas por estas casas de altos estudios, responsables de prestar servicios de radares y fotomultas.
En este esquema, destacan figuras clave como Matías Trejo y Leandro Camani, con el apoyo de Mariano Campos. Este trío ha sido fundamental en el posicionamiento de la empresa Secutrans en numerosos municipios bonaerenses, utilizando a las fundaciones universitarias como intermediarias. De hecho, son varios los Concejos Deliberantes que han iniciado pedido de informes sobre estas adjudicaciones oscuras y en la Legislatura bonaerense analizan seguir los mismos pasos.
Vale precisar que, las fundaciones universitarias no están obligadas a rendir cuentas, lo cual facilita que los fondos que, originalmente, deberían destinarse a educación e investigación, hacia emprendimientos privados de fotomultas. En este contexto, el Gobierno nacional, puso bajo la lupa estas prácticas, señalando que la autonomía universitaria no debería ser utilizada como un escudo para negocios que se apartan de la misión educativa. “Las universidades existen para fortalecer el conocimiento, no para funcionar como plataformas de lucro privado sin transparencia”, dijo una fuente del Ejecutivo de Milei.
Con la creciente presión pública por las auditorías a las universidades, sumado a un proyecto en el Congreso, que busca eliminar las fotomultas, el tema volvió al centro del debate. En suma, ya no es una queja de los automovilistas, sino un sistema que desvió fondos públicos hacia operaciones opacas que involucran a las universidades.
Ejemplos de esta situación en municipios:
- General Pueyrredón (Mar del Plata-Batán): la municipalidad se queda con el 24%, mientras que la Fundación UNSAM recibe el 56%.
- La Matanza: El municipio recibe un 20%, mientras que la Fundación UNSAM ( de la Universidad de San Martín) percibe poco más del 19%, y el proveedor T-Seguro se queda con el 40%, de lo recaudado por las fotomultas.
- General San Martín: En este caso, el municipio percibe un cerca de un 27%; la Fundación UNSAM un 15% y el proveedor T-Seguro se lleva el 36%, de la recaudación de las fotomultas