Luego que se conociera que el Gobierno Nacional intervendría 7 cooperativas eléctricas a las que les reclama una deuda total a ese sector de $ 325.000 millones, voceros del sector cooperativista desvirtuaron de plano “lo sostenido por el vicepresidente de Cammesa , Mario Cairella -que detenta ser el número uno de todo energía – al sostener que las cooperativas son pura caja, resulta que la única caja desde el año 2002 hasta la fecha es CAMMESA”.
Afirman que “todavía se espera en fuentes allegadas al Gobierno que este funcionario dé explicaciones de la denuncia pública efectuada por el Contador Fernando Olaizola, donde sostuvo que el organismo, desde la crisis económica del 2001, se constituyó en un nido de corrupción y que en el último mes “se robaron dos barcos de gasoil y de fuel oil”.
Recordaron que “no obstante a esta denuncia pública, Cairella se atrincheró en el silencio y muy lejos de mantener los principios republicanos no efectuó -como es su deber- una autodenuncia para aclarar sobre la seriedad o no de las imputaciones”.
Sostienen que la nota emitida por el portal INFOBAE (El Gobierno intervendrá 7 cooperativas eléctricas y le reclama una deuda total a ese sector por $325.000 millones – Infobae) “deja en claro el modus operandi de Cairella” y recuerdan que “del mismo modo atacó, con operativo de prensa, al ex Secretario de Energía de la Nación (Rodriguez Chirillo) queriéndolo vincular con supuestos falsos juicios (que no eran tal) en perjuicio del Estado y relacionándolo con el segmento de cooperativas que están haciendo valer sus derechos”
Según la documental que obra en poder de los cooperativistas “no hay ningún juicio inventado ni revocado. La cooperativa de Villa Gesell en el año 2021 inició una acción de amparo contra el Estado Nacional (gestión de Alberto Fernandez) donde en lo sustancial denunció que desde el 2002 hasta la actualidad se mantuvo un cepo tarifario en violación a la ley y en perjuicio a las distribuidoras y usuarios; llevándolas a operar a las mismas por debajo de los costos para mantener el sistema, lo que desembocó en un estado de cesación de pago.”
Destacaron que “No obstante ello, este segmento de distribución eléctrica mantuvo el servicio público y accionó ante la justicia para que restablezca esta situación. El objeto de la pretensión es que se apliquen las leyes de presupuesto de años 2017 y 2021, donde el propio Estado reconoce en forma expresa el perjuicio sufrido al segmento de distribución por el atraso tarifario, invitándolos a compensar con las deudas de CAMMESA los créditos surgidos por dichos perjuicios”
“A tal punto es el quiebre en la ecuación económica y financiera de los contratos que debió soportar el segmento de distribución, que los créditos emergentes de los perjuicios referenciados superan hasta diez veces la deuda que reclama CAMMESA a cada una de ellas”.
Indicaron que “fue en este marco que la Justicia dictó sentencia a favor de este segmento en primera y segunda instancia, encontrándose -en la actualidad- en ejecución de sentencia, ordenando que en el plazo de quince días se de efectivo y pleno cumplimiento del procedimiento de compensación y reconocimiento de créditos”, acotando que “la Justicia en todas las instancias ordinarias se expidió favorablemente en cuanto a los derechos de las distribuidoras, es por ello, que las deudas que reclama CAMMESA constituyen una mentira para no pagar lo que realmente debe su mandante, el Estado Nacional”.
Manifestaron que “de la compulsa de los expedientes que queda en claro que Cairella incumplió con las sentencias y que han ocultado en los jueces de Buenos Aires la existencia de las mismas para poder iniciar a través de una maniobra fraudulenta y en desobediencia judicial distintos juicios ejecutivos. Es decir, el apartamiento al estado de derecho por parte de Cairella surge claro”.
Un iinforme de la SIGEN que fue contundente
Sobre las irregularidades, acompañaron el informe de la SIGEN del año 2018 donde sostiene “podemos concluir que se verifican deficiencias en el circuito existente que tienen como fin llevar a cabo el control de los fondos transferidos a CAMMESA lo que debilita el sistema de control interno…”. Allí se recomienda a la Secretaría de Energía que efectúe un sistema de control adecuado para la aplicación de fondos. Y respecto del informe del 2024 se marca claramente el no control en la aplicación de los fondos recibidos por el Estado Nacional y la aplicación de fondos de lo percibido con el segmento de distribución eléctrica”, para enfatizar que “La auditoría de la SIGEN fue dejado de lado por CAMMESA, manejándose como si fuese un Estado dentro de otro Estado, desbordando el concepto de autarquía”
También entienden que “la denuncia en el INAES constituye una fantasia e ilegalidad manifiesta, toda vez que por las medidas dictadas en la Justicia, Cammesa no puede iniciar ningún cobro tanto administrativo como judicial y a su vez con documental que también nos ha sido aportada”.
El INAES dictaminó que no existía ninguna irregularidad
Expresaron que “ ya se inició una veeduría por parte del INAES a pedido de Cairella en el año 2018 a la Cooperativa CEVIGE, donde ese mismo organismo -luego de una profunda investigación- dictaminó que no existía ninguna irregularidad en la administración de los fondos cooperativos y que por el contrario determinó que el quiebre en la ecuación económica y financiera de las distribuidoras es a causa del cepo tarifario desde el 2002 hasta la actualidad, por lo que las cooperativas son acreedoras y no deudoras como falsamente se las sindica”, por lo que “tanto el INAES no puede reeditar o ir contra sus propios actos, ya que son actos institucionales”
Los cooperativistas aseveran que “ Aún más grave, y esto surge de la propia ley, que CAMMESA no detenta ningún crédito y esto es así ya que a partir del 2004 quien paga a la generación eléctrica es el Estado Nacional a través de los aportes no reintegrables del tesoro (art 25 ley 11672), por lo tanto, habría que preguntarse ¿dónde están esas sumas millonarias cobradas a las distribuidoras eléctricas desde ese periodo hasta la actualidad? ya que la misión de CAMMESA es aplicar los cobros de la distribución eléctrica al pago de la generación, cuestión esta que se derogó a partir de la norma referenciada”
“Es decir, la generación eléctrica se hizo cargo el Estado Nacional en base a la imposición del cepo tarifario que no permite que las distribuidoras puedan pagar y el excedente, es decir, el crédito de las distribuidoras se compensan en forma automática conforme lo establecido por las leyes de presupuesto”.
Este hecho es calificado como de sospechoso y se preguntan ”¿donde fueron a parar esas sumas de dinero, que según los relatos de Fernando Olaizola pasaron al patrimonio personal de los funcionarios de CAMMESA. Si se confirma esto, Cairella está muy lejos del déficit cero.”
Distribuidroas electricas pedirían intervención de CAMMESA
Fuentes confiables aseguran que “las distribuidoras eléctricas iniciarán un pedido de intervencion a CAMMESA al Presidente de la Nación ya que sostienen que es donde han desaparecido fortunas de los contribuyentes y de las cooperativas eléctricas, constituyéndose en un ejemplo especial de lo que es la casta del 2002 hasta la actualidad”
Ven como llamativo “que bajo la gestión de Rodriguez Chirillo se dictó un DNU de Emergencia Eléctrica que sigue los lineamientos que trazó la justicia, es decir, que la gestión del Ex Secretario de Energía desbarataba las sospechas de corrupción de CAMMESA defendiendo el derecho de propiedad de las distribuidoras eléctricas y la tasa de retorno o ganancia lógica que deben de tener, contenido éste liberal que tiene al actual presidente como el mejor expositor. Pero, las actuales autoridades de CAMMESA se apartaron del DNU, de la realidad, de las leyes y de las sentencias”
Desde el sector cooperativista sostienen que “es raro la persecución parcializada de la distribución eléctrica ya que empresas privadas de los denominados grupos concentrados tienen deudas multimillonarias y CAMMESA nada hace al respecto.” También aseguraron, que “esta maniobra es porque CAMMESA no trabaja para el Estado sino para el grupo de generación eléctrica que son empleados de ésta”, para hacer saber que “ se está investigando el contenido del CONVE-2019-44035076-APN-DGDOMEN#MHA, denominado “Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la Transferencia de las Concesionarias a las Jurisdicciones Locales”, suscripto el 10 de mayo de 2019, avalado por Cairella y donde hoy se encuentra en trámite una causa penal caratulada “Lopetegui Gustavo y otro/Malversación de caudales públicos” (Causa N° 5059/2019, Fiscalnet N°27808/2019), en trámite en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5”.
Finalmente no dudan en decir que “Cairella se maneja con una profunda arbitrariedad e injusticia de tinte persecutorio contra empresas que ejecutan más de seis décadas un cometido esencial como es la distribución eléctrica; es decir, se maneja más que como un miembro en pos de la libertad y de la propiedad privada como un Luis XIV “el Estado soy yo” o” como aquello que pertenecían al despotismo ilustrado siendo el no ilustrado”.