El Bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto que propone la creación de un Protocolo de Actuación Municipal para mejorar la eficiencia en la atención de siniestros viales en el Partido de General Pueyrredon, descongestionando así el trabajo de la Policía Bonaerense y optimizando los recursos municipales. La iniciativa fue planteada en el Honorable Concejo Deliberante.
La propuesta tiene como fin descomprimir las tareas policiales en el ordenamiento vehicular ante accidentes de tránsito, una demanda que representa hasta un 30% del tiempo de patrullaje de la Policía Bonaerense en la zona. Según el proyecto, los patrulleros a menudo permanecen en el lugar del siniestro durante horas, limitando su disponibilidad para la prevención del delito.
Según los datos arrojados por el Observatorio de Seguridad Vial, en 2023 el Partido de General Pueyrredon registró un promedio de 3,2 accidentes con lesionados por día, cifra que se eleva a 15-20 siniestros si se incluyen los accidentes sin lesiones. La mayor parte de estas situaciones son atendidas inicialmente por la Policía Bonaerense, que se encarga del corte de tránsito, preservación de la escena y asistencia a heridos, lo cual demora el retorno de los patrulleros a otras tareas. “Este protocolo permitirá optimizar el uso de los recursos policiales y municipales en un contexto de alta demanda. Además, permite ofrecer una respuesta más rápida y eficiente en casos de siniestros viales”, destacó Diego García, autor del proyecto.
El proyecto, a partir del convenio celebrado en el mes de junio, propone la futura centralización de las llamadas de emergencia a través del recientemente anunciado Centro Único de Comando, un espacio que reunirá recursos municipales y provinciales. Esto permitirá responder a las emergencias de manera integral, reasignando tareas de ordenamiento vehicular al área de Tránsito y al Cuerpo de Patrulla Municipal, y liberando así a los agentes policiales para otros procedimientos.
El presupuesto de la Secretaría de Seguridad para el 2024 es de $18.661 millones, con un 22,1% destinado a Protección Comunitaria y Prevención del Delito. Este proyecto busca aprovechar los recursos y personal municipal existentes para mejorar la respuesta ante siniestros sin incrementar el gasto público.
“En definitiva, esta iniciativa apunta a modernizar y coordinar las fuerzas municipales, permitiendo que los agentes policiales puedan enfocarse en tareas de seguridad en lugar de prolongados operativos de tráfico”, concluyó García.