El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a cuestionar la decisión de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de judicializar la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), luego de que ésta enviara un emisario a la rectoría de la casa de altos estudios para hacer entrega de la nota que anunciaba que comenzarían los trabajos de revisión de gastos.
¿Está claro que la negación por parte de la UBA a ser auditada es un gran escándalo? En definitiva movilizaron recursos de todo tipo para montar las marchas y usaron a los estudiantes en todo el país para que no tuvieran que dar cuentas de sus gastos”, sentenció este lunes el Jefe de Estado en sus redes sociales.
En concreto, la SIGEN emitió un comunicado en las últimas horas en el que advirtió que las autoridades de la UBA no respondieron a las notificaciones enviadas por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), por lo cual el organismo decidió entregar el anuncio para comenzar auditar la casa de manera física y así, “evitar más dilaciones”.
Asimismo, las declaraciones de Milei de este lunes se suman a la efectuada el sábado, cuando en una entrevista radial protestó que las autoridades de la UBA se niegan a ser auditadas porque “están sucios”. “Los vamos a ir a auditar, los chorros no van a tener paz, voy a buscarlos hasta el último rincón de la Argentina”, añadió.
De acuerdo a lo que dejaron trascender desde la Casa Rosada, la UBA fue auditada hasta el 2013 por la SIGEN, en tanto que en noviembre de 2022 el entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, le impidió a la sindicatura auditar a las universidades nacionales. Tras ello, el Gobierno nacional volvió a darle potestad el pasado 15 de octubre.
Por caso, la notificación que recibieron las autoridades de la UBA por parte de SIGEN, arribó al edificio universitario luego de que el titular de la casa de altos estudios, Ricardo Gelpi, anunciara que acudiría a la Justicia, para que ésta determine cuál es el organismo que está en condiciones legales de realizar las auditorías.
“El Poder Ejecutivo informó que, por disposición unilateral, las universidades nacionales serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación. Nosotros entendemos que no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso, pero eso no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías”, explicó Gelpi horas antes de recibir la notificación.
En ese contexto, la Universidad de Buenos Aires publicó un comunicado en su página web en el que señaló ser uno de los entes más controlados y auditados del sector público a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo (con informes mensuales de gastos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias) y las auditorias propias de la Universidad, y de cada facultad hacia adentro.
UBA: los representantes de la Universidad criticaron la postura de Milei
En paralelo a las declaraciones del rector de la UBA, el secretario de Hacienda de la Universidad, Matías Ruiz, confirmó que hay un escenario de conflictividad vinculado a los salarios docentes que han perdido su capacidad de adquisitiva un 35% a la fecha y agregó que se está trabajando para poder garantizar que se completen los calendarios académicos y que finalice un cuatrimestre.
Al mismo tiempo, el funcionario de la UBA, en línea con Gelpi, aseveró que los informes realizados por la institución universitaria, llegan mensualmente al Ministerio de Capital Humano, al máximo nivel de detalle de gastos establecido: “La UBA rinde el 100% de los fondos, está todo detallado”, aseguró Ruíz.
En paralelo, la integrante del Claustro de Graduados del Consejo Superior de la UBA, Leonora Colombo, explicó el alcance de la presentación judicial que objeta la participación de la SIGEN en el proceso de control por “violar” la autonomía universitaria.
“Acá hay una discusión respecto a la interpretación del sistema jurídico. La Universidad sostiene que la SIGEN no tiene competencias para auditarla y el Poder Ejecutivo sostiene que sí. En nuestra República, el órgano constitucional que está llamado a resolver este tipo de conflictos es el Poder Judicial, con lo cual elegimos encausar institucionalmente este debate para lograr un pronunciamiento del único órgano que es el último intérprete de la Constitución y las leyes”, especificó Colombo.