Este miércoles 2 de octubre se habrá de concretar la segunda Marcha Federal Universitaria en todo el país, y que se realizará bajo la misma consigna que la efectuada en abril, en reclamo de mejoras presupuestarias y salariales. La misma está organizada por el Frente Sindical, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional, al que se han sumado la CGT, la CTA, numerosos sindicatos y organizaciones.
EL GOBIERNO BUSCA DESLEGITIMIZAR LA MOVILIZACIÓN
El Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación, emitió un documento en el que buscó deslegitimar la movilización.
En el Gobierno sostuvieron que la marcha universitaria “responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos”. “Es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas”, argumentaron además.
En el comunicado, apuntaron a los sueldos de los docentes y aseguraron que aquellos que son de dedicación exclusiva perciben cerca de $1.400.000 mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1.000.000, con el fin de asegurar que “ambos salarios están muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente”.
En esa línea, Capital Humano afirmó que “no existe pobreza entre estos sectores”. Fue en respuesta a un informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que días atrás reveló que el 85% de los trabajadores
APUNTAN CONTRA LAS AUDITORÍAS DE LAS UNIVERSIDADES
El Ministerio reconoció que los docentes de dedicación simple “perciben salarios más bajos” y buscó justificarlo en que “dan clase solo una vez por semana”. En el comunicado, el Gobierno rechazó “enfáticamente que las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo” e insistió en que la marcha es “política”, como lo hicieron tras la masiva protesta universitaria de abril.
Además, consideraron que las universidades hicieron una “administración ineficiente de los fondos” y se refirieron a la polémica por las auditorías. “Las universidades, especialmente la UBA, no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos”, aclararon.
En tanto que respecto al costo de estudiantes extranjeros aseguraron que “el 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público”. Y entre las Irregularidades académicas afirmaron que “solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares, mientras que el 38,4% no tiene información clara sobre su actividad académica”