La Justicia federal imputó a las máximas autoridades del Opus Dei en la Argentina de las últimas tres décadas por trata de personas y explotación laboral, a partir de una denuncia presentada hace dos años por 44 mujeres que dijeron ser captadas por la organización católica cuando eran menores y sometidas a un régimen de semi esclavitud en sus residencias.
La imputación de la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano alcanza a cuatro sacerdotes, tres de ellos los ex vicarios regionales (superiores de la orden en el país) Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010) y Víctor Urrestarazu (2014-2022); y al ex director de la rama femenina en la Argentina, Gabriel Dondo, quien actualmente está en Paraguay.
Hay un quinto ex vicario regional, Mariano Fazio, que no figura en la acusación, pero al que la querella solicitó que también se le incluya, ya que fue el máximo responsable de la institución en la Argentina entre 2010 y 2014 y actualmente forma parte del gobierno mundial del Opus Dei y vive en Roma.
La investigación se inició en 2022 en la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (Protex) y al año siguiente ese organismo elevó una denuncia a la Justicia federal que recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Taiano, que ahora pidió la citación a indagatoria de los cinco imputados.
La investigación entregada al juez Daniel Rafecas, que es quien cursa los pedidos de indagatorias, habla de 44 casos de explotación, pero evalúa que solo cuatro podrían enmarcarse bajo la Ley de Trata, que entró en vigor en mayo de 2008, porque la gran mayoría de las denunciantes salió de la organización antes de esa fecha.
De los cuatro casos que toman la fiscalía y la Protex para acusar al Opus Dei, hay tres que podría caberles la prescripción porque están en el límite o superan los 12 años desde que ocurrieron los hechos denunciados, que es el tiempo que establece la ley. De esta manera, sólo quedaría una mujer.
Cuando estallaron las denuncias, el Opus Dei dijo que cuenta con un Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (ICIED) por donde pasaron más de 1.000 adolescentes entre 1972 y 2017, sin que hubieran mayores problemas, pero admitió que las denunciantes pudieron haber tenido “malas experiencias” y, además, que probablemente en algunos casos no se cumplió estrictamente con las leyes laborales.
Según cuenta la periodista Laura Bistagnino en DiarioAr, la mujer conoció el Opus Dei en un ómnibus en 1984 cuando tenía 17 años y viajaba con una hermana mayor desde su Bolivia natal hacia Buenos Aires. En la capital argentina estaba una tía esperándolas y, además, la oportunidad de estudiar.
Ninguna de las dos había hecho más que la escuela primaria y su deseo era poder cursar allí la secundaria. Eso fue lo que le contaron a la mujer, que se les acercó durante el viaje y enseguida les dijo que ella conocía un lugar al que podían ir a vivir y estudiar.
Lo mismo le comentaron a la tía de las adolescentes cuando las acompañó a conocer el lugar, una casona en el barrio de Belgrano llamada “Los Aleros”. Y con esa promesa ingresaron, pero nunca ocurrió.
En cambio, las pusieron a trabajar en tareas domésticas mientras las obligaban a asistir a misa, confesarse y conversar con directoras. Ellas insistían en que querían “estudiar, estudiar y estudiar”, según declaró la mujer.
Bistagnino dice que el primer intento de irse fue al año de estar allí. Lograron salir, pero volvieron a buscarlas y las llevaron a otra residencia, llamada “La Ciudadela”, en el barrio porteño de Recoleta.
Otra vez pasó lo mismo, mientras se intensificó la persecución espiritual: les decían que tenían vocación de ser numerarias auxiliares –la categoría más baja de la organización, que es la del servicio doméstico–, que Dios las quería para la Obra.
Ellas decían que no, pero su voluntad no servía de argumento. Al tiempo, las dos terminaron asumiendo compromisos de castidad, pobreza y obediencia. De allí las mandaron a Laya, una residencia pegada a la sede central del Opus Dei en la Argentina, donde vive la jerarquía religiosa y miembros laicos de la organización.
En los siguientes años, las hermanas siguieron caminos distintos. A cada una la fueron moviendo por distintas residencias del país. Las dos volvieron a intentar irse en varias ocasiones, pero las volvían a buscar una y otra vez.
En una oportunidad, la denunciante fue autorizada a visitar a su familia en Bolivia, y una vez allí decidió quedarse y no regresar. Pero fueron a buscarla hasta ese país. En 1993 la llevaron a Roma, donde sirvió a la jerarquía internacional de la Prelatura bajo las mismas condiciones de precariedad, sin pago ni seguro médico, sin comunicación con su familia.
Volvió en 2000, ya intentando sobrellevar una gran crisis de salud mental. Para el año siguiente, su hermana logró irse definitivamente, pero ella no. No lo consiguió hasta 2015, cuando tenía ya 47 años y una década de depresión que el Opus Dei atendió con una psiquiatra propia y con una montaña de pastillas.
Un sistema engañoso, planificado y deliberado
La Protex y la Fiscalía describen la existencia de un sistema de captación engañoso, planificado y deliberado, dirigido a proveer a los miembros varones de un servicio doméstico equiparable al de una servidumbre, ya que no contemplaba ningún pago por la tarea ni derechos laborales básicos.
El modus operandi del Opus Dei para someter a las mujeres, según la acusación, consistía en un plan de varias etapas: captación de niñas y adolescentes de entre 12 y 16 años mediante una selección engañosa, que “consistía en presentar una propuesta falsa relacionada con la posibilidad de continuar y completar sus estudios primarios y secundarios, así como recibir formación profesional para obtener oportunidades laborales, todo ello en un contexto de enseñanza religiosa”.
Además de la dinámica de ingreso al Opus Dei, la investigación enumera y describe la situación de las víctimas dentro de los “centros” de la organización, las prácticas de manipulación psicológica, el sistema de creencias y el “control disciplinario mediante elementos de castigo”.
También, la observancia de una serie de “normas de vida” que debían llevar las mujeres y que implicaban un sistema de charlas, confesiones y oraciones, además de la obligación de la castidad, el aislamiento de los vínculos familiares, la restricción de sus comunicaciones y cualquier contacto con el mundo exterior, el control psicológico y condicionamiento conductual, como también el control de la salud física y mental mediante visitas médicas supervisadas y suministro de pastillas psiquiátricas
Entre las medidas de prueba que la Justicia tiene, es clave la información reunida por la Unidad Federal de Investigaciones sobre el delito de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA) que estuvieron observando durante un año distintas casas del Opus Dei en Buenos Aires y otras provincias y pudieron certificar que hay mujeres allí que aún cumplen el rol de auxiliares.
Además, se trabajó con la intervención del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Fuente: Clarín