Distintos gremios, organizaciones sociales y agrupaciones políticas anunciaron que se plegarán a la nueva movilización federal de lucha por la defensa de la educación pública, programada para el miércoles 2 de octubre. Según anticiparon los organizadores, se espera que esta segunda marcha universitaria cuente una participación incluso mayor que la primera, realizada en abril de este año.
Según el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, la movilización va a ser “bien federal”, con réplicas de apoyo en cada capital argentina de cada provincia y “con un alto respeto por la pluralidad”. Los gremios anticiparon que habrá una “suspensión de actividades” para acompañar la masiva marcha universitaria.
Según difundieron públicamente, además de los rectores de todas las universidades públicas del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA Autónoma (CTA-A), la CTA de los Trabajadores (CTA-T), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), los partidos de izquierda y una fracción del radicalismo adherirán a la muy anticipada marcha universitaria, pero se espera que se sumen otras organizaciones sociales y sindicales.
“Vamos a estar en la Plaza del Congreso apoyando la ley que se votó hace pocos días. Y ojalá que aquellos diputados y diputadas que tienen una oportunidad histórica de darles el aumento que merecen a los trabajadores y trabajadoras de la educación argentina no traicionen el voto de los trabajadores”, anunció Pablo Moyano, líder de Camioneros e integrante del triunvirato de la CGT.
A su lado, el otro secretario general de la CGT, Carlos Acuña, agregó que van a apoyar a “todos los trabajadores de la República Argentina que están sufriendo” por que el país está ante “un saqueo al bolsillo de los trabajadores”. Moyano lidera el ala combativa de la CGT que viene reclamando recuperar protagonismo en la defensa de los sectores trabajadores y enfrenta una dura interna con la fracción dialoguista, que negocia con el Gobierno nacional.
“El movimiento popular, las organizaciones sindicales y sociales, el conjunto de los sectores perjudicados por esta política económica vamos a profundizar nuestra unidad en las luchas movilizándonos para ponerle freno a este ataque feroz a las mayorías, al desarrollo económico y a la soberanía nacional”, confirmaron las dos CTA que lanzaron un comunicado conjunto, firmado tanto por Hugo Godoy de la CTA-A y Hugo Yasky por la CTA-T.
Marcha universitaria: la postura del Gobierno
nacional y el eventual veto presidencial
En un intento por frenar la marcha universitaria, la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello convocó a una reunión paritaria con los gremios docentes y no docentes. En el encuentro, ofreció un aumento de 5,8% adicional al 1% previsto para octubre y calificó la oferta del Gobierno como “histórica” y “sin precedentes”. Los sindicatos la rechazaron por “insuficiente” y la consideran “una falta de respeto” y como una “manipulación frente a una marcha que va a ser grande”.
“A menos de una semana de la marcha universitaria convocada para el próximo 2 de octubre y cumpliéndose una jornada de paro con acatamiento casi total en todas las Universidades del país, el Gobierno nacional convocó por la tarde a las distintas representaciones gremiales y ofreció un irrisorio aumento salarial del 5,8% para el mes de octubre”, cuestionó la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN).
El titular de FEDUN, Daniel Ricci, dio cuenta del deterioro salarial que viven los profesores universitarios desde la asunción de Javier Milei. Llevamos una pérdida salarial de más del 60% frente a la inflación desde que Milei es presidente, no hemos tenido ninguna respuesta a nuestros reclamo, salarial, ni del presupuesto, ni de las becas que están congeladas hace más de un año, y ni que hablar del sistema científico y tecnológico”, afirmó Ricci.
La premisa de la segunda marcha universitaria es una de las que genera mayor consenso social y le permitirá a los movimientos sociales recuperar la calle en momentos en que crecen las críticas por el brutal ajuste que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei en materia de Educación. Entre las encuestas que manejan tanto el oficialismo como la oposición, la causa en defensa de la educación pública es fuertemente acompañada por la sociedad.
Algunos sectores creen que tal vez sea ese uno de los motivos por los que, pese a haber anunciado el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Presidente aún no lo firmó y demora su decisión, contrario a lo que hizo en el caso del aumento para los jubilados.
También, a diferencia de lo que ocurrió con la Ley de Movilidad Jubilatoria, es una causa que quiebra algunos bloques legislativos. Esta semana, el PRO, como bloque aliado de Milei, organizó encuentros encabezados por Cristian Ritondo y Luis Juez, pero no logró unificar una postura común respecto del posible veto al presupuesto universitario.