“Se da un abuso de autoridad. Se está tomando una decisión contrariando disposiciones legales, y aparece lo que Naciones Unidas analiza como matrices de corrupción”, manifestó el doctor César Sivo, abogado querellante que representa a organizaciones de derechos humanos. En conjunto, la semana pasada presentaron una denuncia penal “contra los 15 concejales que aprobaron el expediente, contra el intendente Guillermo Montenegro, las autoridades de la sociedad de fomento que se prestaron para la triangulación de la operación y a la empresa de gin La Restinga”. Asimismo, anticiparon que “se está trabajando en una pretensión anulatoria porque el acto administrativo tiene vicios de toda especie”.
En este marco, Sivo detalló que “la Ley Orgánica de Municipalidades establece determinadas obligaciones de los funcionarios municipales que en este caso no se cumplieron”. Además, “hay muchos doctrinarios de derecho penal que siempre manifiestan que en el tipo de delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de deber siempre viene de la mano algún otro delito. En este caso, aparecen lo que dentro de Naciones Unidas se analiza como matrices de corrupción”.
Así, precisó que el primer aspecto a tener en cuenta “es la urgencia innecesaria. Los rigorismos formales están justamente para que las autoridades no abusen de su poder. Esto hay que entenderlo. No significa que porque yo tengo la mayoría absoluta de votos puedo hacer cualquier cosa. No son los dueños de la ciudad. Y el funcionamiento regular de la administración pública tiene consecuencias penales cuando se hace irregularmente. No había urgencia. No creo que alguien pueda entender que es una urgencia generar un centro de ocio para la próxima temporada”.
En segundo lugar, “el saltear elementos necesarios para la producción de actos jurídicos. El acto administrativo requiere, entre otras cosas, dictámenes legales. En este caso, falta el dictamen de legal y técnica. La Municipalidad de General Pueyrredón tiene cientos de abogados, tiene un secretario legal y técnico y, sin embargo, no hay dictamen necesario”. Y el tercer punto “es que no hay dictamen de impacto ambiental, a pesar de que en el expediente dicen que lo tienen que hacer”.
“Todos esto nos hacen pensar que estamos frente a delitos penales”
Por esas cuestiones, “coincide con la matriz de corrupción de las Naciones Unidas” y “los organismos de derechos humanos entienden que esto no se puede obviar, que se necesita una investigación profunda”. Asimismo, “aparece la sociedad de fomento, como intermediaria, triangulando. Cuando aparece el tercero intermediando para facilitar una operación ilegal queda solapado o por lo menos disimulado. Recibe y luego, con el tiempo, decide. Acá está documentado, está puesto en el expediente”.
“Piensan que por haber tenido una legitimación electoral pueden hacer cualquier cosa”
Por otro lado, sobre el avance de la denuncia penal, Sivo informó: “tiene que tramitarse. Tienen que haber acciones concretas desde el Ministerio Público Fiscal. Pero después ya son decisiones políticas. Los mismos que tienen la mayoría no se van a votar suspenderse, no parece que eso pueda suceder”. En esa línea, contextualizó: “estamos en un momento muy particular en Argentina, en donde todos piensan que por haber tenido una legitimación electoral pueden hacer cualquier cosa”.
“Debería haber una marcha atrás en la decisión debido a esta denuncia penal, pero no es la única acción posible. Estamos trabajando también en una pretensión anulatoria porque el acto administrativo tiene vicios de toda especie. Los actos administrativos están regulados por la ley 19.549 que establece específicamente que cosas deben tener. No los cumplen. Por lo tanto, es un acto administrativo inválido”, concluyó.