Al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avanzó con la flexibilización de trámites para camiones que se exigían para servicios interjurisdiccionales y desató el rechazo de la Federación empresaria que desde hace dos décadas lo gestiona en 49 sedes de todo el país.
A través del Decreto 832/24, se simplificó el Registro Unico para el Transporte Automotor (RUTA) y la Licencia Nacional (LinTI), que surgieron años atrás, de la asociación entre la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y el Sindicato de Conductores Camioneros (SICHOCA), bajo la premisa de “profesionalizar” y “jerarquizar” la actividad de los camioneros en todo el país.
A diferencia de la normativa original que señalaba que la inscripción era obligatoria tanto para los individuos como para las empresas con vehículos de más de 700 kilogramos, con un costo de $3200 por formulario, ahora los trámites se vuelven gratuitos y 100% digitales para vehículos de más de 3500 kg.
La modificación reduce significativamente la cantidad de vehículos que quedan alcanzados y libera al sector de pick ups y camiones urbanos que resultan una fuente de ingresos para el trabajo por cuenta propia, uno de los principales competidores del gremio de camioneros y apuntados de “informalidad” por las empresas.
La medida que, según los cálculos oficiales representa un ahorro de $465.382.400, despertó furia en el autotransporte de cargas que, a lo largo de los años, encontró en la recaudación del RUTA sustento para posicionarse en todo el país.
“Contrario a las afirmaciones oficiales, el decreto no representa una disminución significativa en los costos del sector”, indicó Fadeeac en un comunicado y alertó que “abre la puerta para que transportistas irresponsables eludan los requisitos esenciales, como la capacitación de los choferes y la realización de los exámenes psicofísicos”.
Desde el gobierno se señaló que al RUTA como un “trámite absurdo, puramente con fines estadísticos, que era caro y engorroso de realizar“.
“Este decreto no baja costos, sólo aumenta los riesgos. La seguridad vial debe ser la prioridad, no una moneda de cambio en un juego de falsa austeridad”, expresó Roberto Rivero, director Ejecutivo de Fadeeac.
La lectura política tampoco queda ajena al debate que generó la flexibilización del emblemático RUTA y la licencia que originalmente representó una fuente de ingresos para los Moyano, a través de la realización del examen psicofísico en sus centros de salud. “No buscan desregular sino sacarle poder al gremialismo, mientras las señales de ajuste se profundizan”, planteó un exdirigente camionero.
El origen del RUTA
La batalla que tuvo que dar durante años la Federación -puertas adentro-, por la oposición de los propios transportistas a asumir un “costo extra” para poder circular por las rutas del país, fue resuelta a partir de la coparticipación de la recaudación entre sus 45 cámaras de base, que vieron renovadas y ampliadas sus sedes donde se construyeron modernas aulas de capacitación.
De la mano del RUTA, llegaron al país 6 modernos simuladores de manejo que se adquirieron a la empresa española INDRA, y fueron instalados en un mega predio de 27 hectáreas ubicado a la altura del kilómetro 57 de la autopista Panamericana, en Loma Verde, Escobar.
Incluso, el ambicioso proyecto que buscó convertirse en “la universidad del transporte” para alojar a transportistas de toda la región cuenta con una pista de manejo de 1.600 metros, aulas especialmente diseñadas, una playa de maniobras de 3.000 metros cuadrados y talleres.
La obra, que se inauguró en 2014 (con una inversión cercana a los $980 millones) consolidó el trabajo de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), brazo académico de Fadeeac y, además del aporte de los empresarios -resultado de la coparticipación- recibió apoyo de las empresas automotrices que aportan camiones para las prácticas y de las de acoplados, semirremolques, neumáticos, lubricantes y otros sponsors.