Un verdadero cimbronazo está provocando la mega investigación provincial por “multas truchas”, por las cuales se llevaron a cabo diligencias en el Juzgado de Faltas bonaerense a cargo del juez Marcelo Peralta en Mar del Plata. Se habla, que inclusive, la “ola expansiva” podría alcanzar a conocidas figuras políticas lugareñas, que sigue atentamente el desarrollo de la causa.
La Justicia investiga el accionar de una “Red de sacamultas”, por lo que el fiscal Álvaro Garganta y avalada por el juez Juan Pablo Masi, titular del Juzgado de Garantías 4 de La Plata dispusieron una serie de medidas judiciales, donde están en la mira abogados, jueces y gestores bonaerenses, y alcanzaría a 8 Juzgados de la Provincia.
Se habla que las maniobras de la presunta banda se dedicaban a conseguir jugosos descuentos en multas de tránsito cometidas en territorio provincial. En este sentido lo recaudado en el primer semestre con ese “blanqueamiento” ascendería a los 45 mil millones de pesos.
Fue en ese marco que personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ejecutó una orden de presentación en el Juzgado de Faltas de Tránsito bonaerense que funciona en Mar del Plata, donde, se aclaró en las ultimas horas que “no fue un allanamiento” sino que fueron “órdenes de presentaciones”. Esto hizo que en la mañana de este martes personal de esa dependencia policial estaba abocado a preparar los requerimientos solicitados, para enviarlos a la sede judicial interviniente para su respectivo análisis.
Al parecer la investigación se basa, por ahora, en expedientes del año 2022 a la fecha cuyas multas no coinciden con la información cargada en el sistema provincial de faltas de tránsito, luego que varios jefes comunales bonaerense comenzaron a notar una fuerte baja en la recaudación por infracciones de tránsito, que significó una merma considerable de esos ingresos.
Cabe recodar que la ley provincial 13.927 (capítulo 2, artículo 32), se establece que las infracciones de tránsito “cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías, y semi autopistas provinciales o nacionales en el territorio de la provincia, inclusive las que atraviesen el ejido urbano, serán juzgadas por la Justicia Administrativa de infracciones de tránsito Provincial”.
El Fiscal Garganta sospecha de una red de complicidades entre funcionarios provinciales, jueces de faltas, abogados y gestores. Las gestorías, que promocionan sus servicios en la vía pública, ofrecen reducir multas al 50%. Con ese dinero, los gestores van al juzgado y logran eliminar las multas por razones técnicas o disminuir el monto, lo que afecta gravemente la recaudación provincial y municipal.
Además, se investiga si estos juzgados provinciales podrían estar manipulando los sistemas de los juzgados de faltas municipales, transfiriendo multas locales a otras instancias para evitar su cobro. Hoy la Justicia está trabajando sigilosamente en la investigación penal preparatoria y se encuentra en la etapa de recolección de datos.