Patricia Bullrich anunció la creación de un comando antipiquetes para proteger a las empresas

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le declaró una nueva guerra a los gremios, estudiantes y colectivos que se manifestaron en los últimos nueve meses y anunció la creación de un comando especializado cuyo único objetivo será controlar las protestas que impidan la circulación de los vehículos en las calles.

Es preciso mencionar que, el comando antibloqueos que anunció Bullrich apunta a desarticular a las medidas de fuerza de los distintos gremios, que a modo de protesta por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios y las políticas de recorte del Gobierno libertario, se manifestaron en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En tanto, el comando para frenar las movilizaciones se alinea con una de las primeras medidas que tomó Bullrich al asumir la titularidad del Ministerio de Seguridad, que fue la creación del protocolo antipiquetes, justificado bajo el argumento de la “recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito”.

Así, el nuevo organismo que fue creado a través de la Resolución 893/24, tendrá el “objetivo específico de ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del país”, y estará conformado por las cuatro fuerzas federales: GendarmeríaPrefecturaPolicía Federal y Aeroportuaria.

Por caso, el comando especializado para dirimir las movilizaciones en los distintos puntos del país, contará con un refuerzo especial de los representantes de los cuerpos policiales de las provincias que se sumen, o de aquellas donde se radique el conflicto.

De esta manera, la norma firmada por la Ministra invita a sus pares de Seguridad a designar un representante para que se sume al flamante comando. Sin embargo, será la máxima autoridad, es decir, la titular de Seguridad, quien tendrá a su cargo la “conducción” de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad afectadas al operativo.

Según informaron desde la cartera liderada por Bullrich, la idea surgió por los “graves hechos de violencia, bloqueos e impedimientos por medios ilícitos” registrados en algunas zonas portuarias o productivas, y en particular, la Resolución nombra a Bahía Blanca y Vaca Muerta, aunque no da mayores detalles.

Al mismo tiempo, la resolución que lleva la firma de la ministra de Seguridad advierte que durante esos episodios hubo “peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores y de su actividad productiva”.

En ese contexto, el Gobierno de Javier Milei consideró necesario formar un comando unificado que se aboque al despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para zonas de alta productividad, una iniciativa que impactará directamente en la actividad gremial, sobre todo en las medidas de fuerza.

Los puntos clave del protocolo antipiquetes de Bullrich

Los cinco puntos clave del protocolo antipiquetes, que se complementarán con el nuevo comando especializado de Bullrich para ponerle fin a las movilizaciones:

  • No más vías alternativas de tránsito durante los cortes: “El propósito de este protocolo es cumplir la ley y, como dice el presidente: el que las hace, las paga”, expresó Bullrich en el anuncio del protocolo antipiquetes.
  • Intervención de las cuatro fuerzas federales y del Servicio Penitenciario Federal: tienen la obligación de hacerle frente a cortes, piquetes y bloqueos.
  • Creación de un registro de las organizaciones que participen de los cortes: las fuerzas de seguridad utilizan un sistema de identificación para los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos.
  • Sanción a quiénes lleven niños y adolescentes a las movilizaciones: “Los niños tienen que estar en las escuelas”, advirtió Bullrich sobre este punto.
  • A las organizaciones que corten las calles se les cobra el uso de la fuerza de seguridad: como sucedió en varias oportunidades, el Ministerio de Seguridad envía la “factura” del costo del operativo a las organizaciones sociales y gremios que se movilizan.