Mar del Plata se convirtió este viernes en el epicentro de una doble protesta donde quedó reflejado el descontento con las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei. En una jornada marcada por la simultaneidad de manifestaciones, vecinos y organizaciones sociales salieron a las calles para expresar su descontento con las recientes medidas económicas del Ejecutivo.
Por un lado, un grupo de residentes se concentró frente a las oficinas de EDEA, la empresa distribuidora de energía, para protestar contra los recientes aumentos en las tarifas de servicios públicos. 
La manifestación, que reunió a numerosos vecinos indignados, subrayó el malestar creciente ante los tarifazos que afectan el bolsillo de los ciudadanos.
Al mismo tiempo, el Frente de Lucha Piquetero organizó una protesta en la costa marplatense, a la altura de la calle Rivadavia, donde se produjo un corte de tránsito que dificultó la circulación en la zona. Este grupo exigió la reanudación de la asistencia alimentaria a comedores populares y denunció el aumento de la pobreza, agravada por la falta de recursos y apoyo estatal.
Estas manifestaciones formaron parte de una jornada nacional de protesta que también incluyó un corte en el Puente Pueyrredon en Buenos Aires. En Mar del Plata, la movilización se desvió de su ruta habitual hacia el Municipio y se concentró en la costa, evidenciando la creciente preocupación por la situación social y económica local.
El operativo policial desplegado en torno al Palacio Municipal no pudo evitar que la protesta se dirigiera hacia el nuevo punto de concentración. La presencia de las fuerzas de seguridad, que incluyó numerosos móviles y efectivos de la Policía Bonaerense, no impidió que los manifestantes llevaran a cabo su plan.
Durante la protesta, organizaciones como el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar por un Cambio Social y A Trabajar denunciaron la falta de asistencia alimentaria y el impacto negativo de las políticas de ajuste. “Hay hambre porque los salarios son miserables y muchos trabajadores dependen de comedores populares que han reducido o cerrado su oferta alimentaria”, señalaron los voceros de estas agrupaciones. También criticaron el congelamiento de los programas sociales, reemplazados por el nuevo esquema que ofrece apenas $78 mil mensuales.