El presidente Javier Milei tiene decidido mantener el equilibrio fiscal a cualquier precio y en su entorno insisten una y otra vez en que no dudará en pagar el costo político que sea necesario para mantener el superávit que presentó como eje central de su gestión y que, a su entender, ahora se ve nuevamente amenazado por un proyecto que avanza en el Congreso.
Si bien todavía no hay una convocatoria formal a sesionar en el Senado, una buena parte de la oposición confía en que el próximo miércoles se votará en el recinto el Financiamiento Educativo Universitario, que ya tiene media sanción de Diputados.
De esta manera, si la Cámara alta también aprueba la iniciativa, se convertirá en ley la medida impulsada por la Unión Cívica Radical (UCR) y que propone que el presupuesto destinado para las casas de estudio superior en 2024 acompañen la variación del índice de precios al consumidor (IPC).
Además, el texto cuenta con un artículo en el que se encomienda al Poder Ejecutivo “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” entre diciembre y la sanción de la ley, según “la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho período”.
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En este sentido, las autoridades nacionales buscan, en principio, que el texto no sea discutido y ponen en duda que se vaya a convocar a una sesión especial por este tema. Sin embargo, anticipan que si se vota y se aprueba, Milei “va a vetar la norma si no se puede pagar”, como hizo recientemente con la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria que sancionó el Congreso la semana pasada.
El Decreto con la anulación de esa suba, que el Presidente firmó el viernes por la noche, luego de una reunión con los legisladores de la oposición, en la que les explicó las razones de esa decisión, se publicó finalmente este lunes en el Boletín Oficial.
En el documento, el mandatario argumentó que la iniciativa sancionada es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Este es un punto central, ya que en el Gobierno advierten que el proyecto de la UCR sobre financiamiento universitario tampoco precisa de dónde se conseguirá el dinero para hacer frente a estos gastos que no estaban previstos originalmente.
Por otra parte, la discusión se da a tan solo 15 días de que el Ministerio de Economía, que encabeza Luis “Toto” Caputo, tenga que presentar ante el Congreso las pautas de Gastos y Recursos para 2025, el cual el propio Milei anticipó que tendrá como norte el “déficit fiscal cero”.
“Más allá de que todos estamos de acuerdo en mejorar los sueldos de los docentes universitarios, creemos en que las partidas destinadas a la inversión educativa deben estar presupuestadas a partir de recursos reales que ingresan al Estado, en el contexto que ya ha explicado el Presidente: con las cuentas públicas en orden, de acuerdo con una sana eficiencia administrativa. De esa forma se irán recomponiendo los salarios en la medida de las posibilidades”, consideró el secretario de Educación, Carlos Torrendell, al ser consultado sobre esta iniciativa.
A fines de abril último, el reclamo por la falta de recursos para las 36 universidades nacionales desencadenó una masiva marcha federal, de cerca de 800.000 personas, que tuvo su epicentro en la Plaza de Mayo, y de la que participaron Martín Lousteau y el rector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, ambos referentes radicales.
“Aspiro a que en la sesión de esta semana, entre la media sanción de financiamiento universitario y el DNU de los fondos reservados (de la SIDE) y también el tema de la Boleta Única, corresponde que se traten los tres temas”, sostuvo Lousteau en recientes declaraciones radiales.