En su conferencia habitual, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno nacional apelará la medida judicial que impartió este lunes el juez federal, Sebastián Casanello, de distribuir de manera “inmediata” los cinco millones de kilos alimentos retenidos en dos depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Humano.
“Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública“, explicó Adorni y agregó que los alimentos fueron “reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes”.
En este sentido, el Vocero presidencial aclaró que ninguno de los alimentos que se encuentran en los galpones que administra Capital Humano serán tirados a la basura, señaló que no están cerca de la fecha de su vencimiento y aseguró que más de la mitad de los cinco millones “corresponden a yerba mate”.
“A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios y con todo un esquema en la argentina, donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal, que se sienten dolidos“, sostuvo Adorni.
En rigor, este lunes Casanello, que desempeña sus tareas en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le ordenó al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, que en el plazo de tres días presente un “plan de distribución inmediata” de los alimentos almacenados en los depósitos o galpones del ex Ministerio de Desarrollo Social.
En ese sentido, Casanello hizo hincapié en que esos alimentos almacenados desde hace más de seis meses deben ser entregados “de inmediato a los sectores que padecen inseguridad alimentaria”, que son los mismos que reclamaron frente a la Justicia que el Gobierno nacional de Javier Milei dejó de asistir a comedores y merenderos.
En tanto, el magistrado libró una “orden de presentación” para que el Gobierno nacional informe la cantidad, especie, fecha de vencimiento y otros detalles de los alimentos almacenados en los depósitos, y que según se denunció el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) serían más de cinco millones de kilos de comida que fueron comprados por la gestión de Alberto Fernández.
Es preciso mencionar que, la medida de Casanello fue ordenada en el marco de la investigación iniciada por una denuncia penal contra el gobierno de Javier Milei por la supuesta interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios, que ahora también cuenta con una intimación a Pettovello que debe hacerse cargo de informar sobre las toneladas de comida que está en depósitos.
Es que, en febrero de este año, un puñado de organizaciones sociales junto con el titular del MTE, Juan Grabois, presentaron una denuncia contra Pettovello en la que se la acusa de “incumplimiento de los deberes de funcionario público por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina”.
Asimismo, hace unos días Grabois amplió la denuncia contra Pettovello cuando reveló el detalle de los alimentos almacenados que estarían próximos a vencerse. Según la denuncia original impulsada por la fiscal Paloma Ochoa, la ministra de Capital Humano estaría “violando normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema”.
En su presentación, Grabois reclamó que las unidades ejecutoras de seguridad alimentaria “informen si han recibido subsidios alimentarios por parte del Ministerio de Capital Humano durante 2024″ y que la oficina local de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aclare si se mantiene vigente el Programa de Abordaje Comunitario en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.
Por otro lado, en el fuero Contencioso Administrativo se tramitan otros planteos para que el Gobierno nacional, específicamente el Ministerio de Capital Humano, “no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y/o merenderos, hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria”.
En concreto, los planteos de las organizaciones sociales tienen como fin que no se altere la situación respecto a la entrega de dichos alimentos, prevista por la Ley 25.724, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, “en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”.
Además, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a varias organizaciones, junto con Grabois y el Centro de Estudios Legales y Sociales pidieron una medida cautelar para que el Ministerio de Capital Humano garantice el derecho a la alimentación y retome la entrega de alimentos en comedores y merenderos.