Este lunes, el juez federal, Sebastián Casanello, citó al dirigente social del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, así como también a otros referentes, para que testifiquen en la causa por irregularidades en los planes sociales que intermediaba su organización.
De esta manera, Belliboni deberá prestar declaración ante la Justicia el próximo 25 de junio, en el marco de la causa que investiga a las organizaciones sociales por la presunta defraudación al Estado y las extorsiones a los beneficiarios de planes sociales Potenciar Trabajo.
Según Casanello, la causa se inició a partir de las denuncias que recibió el Ministerio de Seguridad a través de la línea 134, en las que “todas las personas que fueron escuchadas en su calidad de beneficiarias del Potenciar Trabajo indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales, que actuaron como unidades de gestión” y que fueron “obligados a movilizarse a cambio de o para mantener un plan social”.
En ese sentido, el Juez explicó que “el rol de esas unidades era garantizar y hacer posible, a través de propuestas productivas, la inclusión social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica”, al tiempo que “el beneficio directo del ingreso económico debía ser completado por el beneficio indirecto que ofrecía la unidad de gestión”.
Asimismo, Casanello señaló que, por esta tarea, las organizaciones sociales recibían fondos del Estado a cambio de asumir una “serie de obligaciones de administración de aquellos intereses universales que le habían sido confiados”, por lo que las pruebas que reunió la fiscalía “llevan a sospechar que el interés público fue desviado”.
Es preciso mencionar que, en la orden que firmó el Juez para citar a Belliboni, consideró que “diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados” para los planes sociales.
De la misma manera, la resolución señaló que las organizaciones usaron “facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados” para “obtener un beneficio particularizado”. “Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, indicó el Juez.
En esa línea, la orden enumeró que la maniobra se vio complementada con la exigencia de que los beneficiarios asistan a movilizaciones partidarias, a aportar sumas de dinero a la organización y a votar por un candidato particular perteneciente al espacio político que pertenece Belliboni, el Partido Obrero.