En el marco de una nueva conferencia de prensa, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció un proyecto de ordenanza para “declarar de carácter esencial todas las tareas realizadas por empleados sujetos al régimen de empleo público del ámbito municipal y funcionarios públicos municipales, tanto de la administración centralizada como de los distintos entes municipales”.
Así lo establece el artículo 1 que se presentará para su debate en el Concejo Deliberante. Mientras tanto, el artículo 2 del proyecto señala que “los empleados y funcionarios referidos en tanto realicen estas tareas consideradas esenciales no podrán llevar adelante medidas que impliquen la suspensión o interrupción de las mismas”.
En este contexto, Montenegro analizó y agregó que “por el solo hecho de ser empleados públicos, ya tienen un privilegio. Es un privilegio que genera la Constitución, y está establecido en la estabilidad que genera. Es decir, que para poder despedir a un empleado público hay todo un trámite burocrático específico que lleva habitualmente años y que las causas habitualmente son graves y que quedan reflejadas después de años en cuestiones de demoras y judicializaciones”.
Asimismo, puntualizó que “el 90% del empleo en Mar del Plata es privado. Y eso significa que el 90% carece de este privilegio, no tienen ese privilegio que tiene que ver con la estabilidad. Entonces, ese 10% de personas que son empleados públicos tienen un privilegio. Un privilegio que conlleva una responsabilidad, tiene una obligación. Y esa obligación es muy sencilla, tienen que trabajar. Tienen que responder a los vecinos de la ciudad de Mar del Plata”.
Estas declaraciones y este proyecto de ordenanza se dan en el marco de los reclamos y días de paro que llevaron adelante los empleados municipales el 5 y 6 de abril. Un paro de 48 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo.
Reiteró en tal sentido que las consecuencias del paro serán el descuento de los días no trabajados : “Cada día de paro son 200.000.000 de pesos que el vecino aporta y nadie le da contraprestación”, enfatizó
En este sentido, el proyecto de ordenanza sostiene que “la interrupción de las tareas que permiten su adecuada prestación por parte de los empleados públicos puede tener una serie de consecuencias negativas. Estas afectan negativamente a la comunidad, la economía, la reputación del gobierno y la calidad de vida de los ciudadanos”.
Por último, desde una perspectiva aún más política, el proyecto de ordenanza también argumenta que “en numerosas ocasiones hemos sido testigos de cómo ciertos actores de índole sindical y política se han impuesto por sobre el interés general. Incluso hemos visto cómo en muchos casos, desde el retorno de la democracia, se ha hecho uso político-partidario de decisiones de índole gremial, llevando al cese de las actividades que hacen al funcionamiento del estado, como una forma de presionar por decisiones políticas”.