En el marco de la crisis de seguridad que atraviesa Rosario a raíz de la violencia narco, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó un nuevo protocolo para las fuerzas policiales y federales, que permite a los oficiales disparar armas de fuego sin identificarse, ante lo que consideren un “peligro inminente”.
En ese sentido, el nuevo Reglamento para el Empleo de las Armas por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad se hizo oficial este jueves a través del DNU 125/2024, lo cual los habilita a “detener a un delincuente cuando oponga resistencia a la autoridad o para impedir que se fugue”.
“El reglamento plantea de manera imperativa contar con pautas claras para el uso del armamento por parte de las fuerzas y esto se da cuando existe un peligro inminente”, puntualizó Bullrich al presentar el nuevo protocolo.
Asimismo, el reglamento permite que las fuerzas de seguridad disparen sin dar la voz de alto o sin identificarse previamente en situaciones excepcionales. “Hay momentos en que si el agente se da a conocer pone en riesgo su vida o la de terceros”, afirmó la titular de la cartera de Seguridad.
En rigor, las situaciones enumeradas para que los integrantes de las fuerzas disparen sin identificarse son cuando “la identificación pueda implicar que el obrar de un agresor incremente el riesgo de muerte o de lesiones graves a otra persona” y “cuando se pusiera indebidamente en peligro la integridad física de los propios funcionarios policiales y federales”.
Además, el protocolo establece la excepción “cuando la identificación expusiere la ubicación de uno o más efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad federales, o entorpeciera la protección de la integridad física o la vida de terceras personas” y cuando se obrare ante más de un agresor que “implique una desventaja numérica o táctica”.
Por último, el protocolo detalla que las fuerzas de seguridad tendrán la obligación de asegurar atención y servicios médicos a las personas afectadas, como así también notificar a la autoridad judicial y a la familia de la persona afectada.
“Con estas pautas, policías, gendarmes y agentes de seguridad van a saber que están siendo protegidos por un sistema que les permite cumplir la función para la que fueron capacitados. No queremos más casos Chocobar en lo que se esté discutiendo si hizo las cosas mal o no“, concluyó Bullrich.