Un inesperado giro ha tomado la causa en la que se investiga el accionar de la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR) Flavia Delmonte, que ocupa una banca representando a la Quinta sección electoral, y que es investigada junto a otras dos personas de su equipo de trabajo por el presunto delito de defraudación a la administración pública a través de “retornos” en los sueldos de personas contratadas por la senadora.
En este marco Aldana Patricia Echeverria (FOTO)
en su carácter de Presidente de la Juventud Radical de la ciudad de Mar del Plata – Batan, envió una nota a la Presidenta del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, Marina Sánchez Herrero solicitando se “tomen las medidas que considere correspondientes a efectos que se proceda a investigar las posibles faltas graves cometidas por la Concejal Marianela Romero”
En este sentido destaca que “la edil radical se halla involucrada en la causa judicial que tramita ante los estrados judiciales del Departamento de Dolores por IPP Nro. 03-00-003059-21/00” , por lo que solicita al Cuerpo Deliberativo “ se tomen las medidas que considere correspondientes a efectos que se proceda a investigar las posibles faltas graves cometidas por la Concejal antes mencionada y normadas por los arts. 249 al 255 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”
Recordó la Presidente de la JR Mar del Plata- Batán el antecedente “del 12 de junio del año 2014 y con motivo de la denuncia penal realizada por el entonces Presidente de la UCR Daniel Nuñez a la Concejal Vilma Rosana Baragiola, el Honorable Concejo deliberante decidió por expediente administrativo Nro. 1564 la creación de una Comisión Especial Investigadora a efectos de evaluar su actuación”.
Remarca Echeverria que de las actuaciones judiciales expuestas públicamente se desprende “la supuesta participación de la Concejal Marianela Romero en hechos de corrupción con manejo de cuentas bancarias de empleados del Senado de la Provincia de Buenos Aires, en incompatibilidad de cargo con la designación como concejal de nuestra ciudad desde el 10 de diciembre del año 2019”.
Fundamenta la solicitud en “hechos tipificados por el Código Penal, sino también resultan una falta ética en su función, con evidente infracción al régimen de incompatibilidades que rige para la Pcia de Buenos Aires. La ética que deben mantener los ciudadanos que son electos para integrar el Concejo Deliberante debe ser exhaustivamente revisada constantemente a efectos de mantener el sistema democrático a salvo de ser acusado de cualquier acusación de mal funcionamiento”.
Por último enfatiza que “por tal motivo y a efectos que pueda el Honorable Concejo Deliberante quedar al margen de cualquier acusación de encubrimiento de hechos de sus integrantes, solicito se proceda a tomar las medidas correspondientes y hacer prevalecer la verdad y la justicia”