Programa de monitoreo y seguridad para transportistas y repartidores

El concejal de Unión por la Patria, Diego García, presentó un proyecto de ordenanza para la creación del Programa de Monitoreo y Seguridad para Transportistas y Repartidores. Se trata de un programa que pretende garantizar la seguridad de las y los repartidores de todo tipo de bienes y productos, a partir de la entrega de un GPS con botón antipánico a los que se inscriban al mismo. Por otro lado, se pretende incorporar a los delivery de aplicaciones, es decir de la economía de plataformas, al régimen de habilitación municipal, con el fin de velar por su seguridad vial y poder incorporarlos al programa” señaló el edil.

El estado de situación del delito, según el informe del año 2023 del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED), en el partido de General Pueyrredon viene en una curva de crecimiento de delitos, por lo menos en cuanto a lo que respecta el robo o hurto de motos o automóviles, dato relevante para la creación de este programa. En este sentido, nos enfrentamos ante un año en donde se robaron casi 3 autos (2,66%) y casi 5 motos (4,63%) por día. En cuanto a los automóviles estamos hablando de un aumento del delito de un 55,5% respecto al 2022 y de 14,6% a 2021, mientras que en términos de las motocicletas ha sufrido un aumento de 75,8% respecto al 2022 y de 107,2% al año anterior: esto indica una escalada del delito con respecto a los vehículos que se presenta, mínimamente, de forma alarmante. Esto repercute directamente sobre los transportistas y repartidores, ya que hablamos de sus medios de trabajo. Por otra parte, otro dato relevante que entrega el CeMAED es acerca de las llamadas “zonas calientes” de la ciudad, es decir las zonas que sufren la mayor cantidad de estos robos y hurtos: La Perla, junto con fracciones de Nueva Pompeya, la calle San Juan y el Centro es la zona más perjudicada; la zona delimitada por Salta, Avellaneda, Elcano y Santa Fé; por 14 de Julio, Rawson, Rodríguez Peña y Marconi; y la zona delimitada por 25 de mayo, Alvarado, Bordabehere y México.

Todos estos datos y números toman relevancia cuando problematizamos la situación del universo laboral que comprende a los trabajadores de transporte de carga y descarga, fleteros, mensajeros, cadetes y repartidores, o “delivery”. Estos realizan su actividad diariamente en la vía pública, y sus coches o motos terminan siendo una herramienta de su actividad: ante la falta de su vehículo no pueden trabajar. Cuando hablamos de aquellos que trabajan en carga y descarga, fletes, cadetería o mensajería, solemos hablar de trabajadores en relación de dependencia con empresas o comercios, aunque también hay quienes realizan su tarea de manera particular. Si ponemos el ojo en el rubro del delivery, que viene en transformación constante hace ya unos años con la instauración de las aplicaciones en un marco de economía de plataformas, encontramos un sector que se encuentra particularmente desregulado, es que su vínculo laboral con las empresas o plataformas digitales suele ser débil o nulo, es así que no tienen obligación real de cumplimentar con las normativas de circulación y regulación del transporte. El resto del universo laboral suele estar regulado y suele contribuir a la habilitación municipal, cumpliendo con las exigencias locales para la circulación, sobre todo en términos de su trabajo. Quienes todos los años abonan el certificado de habilitación municipal y otros derechos de oficina merecen que el Estado también les pueda proveer una herramienta que disminuya los riesgos ante los que se enfrentan en una situación de delito”, aclara García. “Por otra parte, aquellos trabajadores de plataformas digitales deben poder ser elegibles para recibir un botón antipánico, lo que llevaría a que el gobierno municipal pueda exigirles niveles más altos de apego a las normas que permiten el transporte de productos, presentando certificado de inspección técnica y otros requisitos”, finaliza.

Según los cálculos previstos, la fuente de financiamiento del programa podría ser el cobro de Derechos de Oficina y de Fotomultas, a través del cual para el 2024 el municipio pretende recaudar $167.000.000 por Fotomultas, mientras que se espera una recaudación de $1.422.000.000. Por otra parte, según las estimaciones de agosto y septiembre de 2023 (la última conocida), el costo de cada dispositivo de botón antipánico es de $53.400, es decir: estamos hablando de que tan solo se vería afectado un 6,72% del presupuesto antes descrito, partiendo de la base que según las estimaciones con los distintos sectores afectados serían necesarios 2.000 dispositivos. El Estado Municipal debe retribuir el esfuerzo de quienes aportan mes a mes al fondo común de la municipalidad, se debe destacar su esfuerzo para afrontar el pago de tasas e impuestos, que además financian gran parte del funcionamiento del municipio. Además, es tarea del mismo ampliarlo, mejorarlo y hacerlo funcional a las necesidades de toda la población, es por esto que se expresa la necesidad de reinvertir las ya mencionadas contribuciones”, señala por último el concejal.

Por todo lo expuesto, se propone la creación del Programa de Monitoreo y Seguridad para Transportistas y Repartidores, con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los trabajadores que presten servicio de reparto, a partir de sistemas de GPS y dispositivos tecnológicos de seguridad. Es así que la autoridad de la aplicación, que en este caso sería la Secretaría de Seguridad o el área que la reemplazara en sus funciones, deberá entregar a cada trabajador o trabajadora un dispositivo Rastreador Personal GPS con botón de pánico. Este Programa incluye a aquellos que se desempeñen como: proveedores y distribuidores de productos y elementos de comercios y empresas; fleteros; repartidores a domicilio, en relación de dependencia con un comercio; repartidores a domicilio, de aplicaciones móviles; y mensajeros o cadetes que utilicen regularmente su vehículo para su actividad. Su incorporación se dará de manera voluntaria y durante un año, teniendo que cumplir cada uno de los beneficiarios con distintos requisitos administrativos y de control de tránsito, excluyentes para recibir su dispositivo.