“Mientras los combustibles aumentaron 260% durante 2023, la política marplatense no tiene mejor idea que robarle a los vecinos y turistas creando un nuevo impuesto a la nafta. Saquear al consumidor sigue siendo el camino más fácil”, criticó el diputado del unibloque Libre.
En rigor, desde este jueves Mar del Plata tendrá una “Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal”, una alícuota del 3% sobre el valor de los combustibles líquidos sin impuestos, lo que implica un impacto del 1,86% en el valor de salida del surtidor. Es decir, que el consumidor pagará $18 más en promedio por litro de nafta.
Se trata de uno de los tributos que fue una de las principales novedades de la ordenanza fiscal de Montenegro que fue aprobada en las últimas horas por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, pese al rechazo de todos los sectores de la oposición en Mar del Plata.
“Mientras el país sigue en recesión, la pobreza en el 50% y la nafta que subió 90% en dos meses, el intendente Montenegro, los concejales y los Grandes Contribuyentes se comportan como unos asaltantes: aumentan impuestos, sin tocar el gasto político. Una verdadera casta inmoral”, sentenció Castello.
Asimismo, también los concejales de La Libertad Avanza de Mar del Plata salieron a advertir que el impuesto a la nafta “es contrario al decreto ley de Vialidad Nacional, donde nos comprometemos a no establecer gravámenes locales sobre combustibles”.
Como antecedente, la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra), había planteado la inconstitucionalidad de las tasas municipales sobre los combustibles en Pinamar, donde se cobra un 3% por encima del precio de la nafta y el gravamen no es absorbido por el operador, sino por el consumidor.
Vale recordar, que el precio de los combustibles en las estaciones de servicio se disparó en el último mes. El gobierno anterior se despidió con un incremento del 30%, mientras que la gestión de Javier Milei llegó con otro aumento del 37% y 2024 trajo nueva suba del 27%. Esos saltos se sumaron a los que hubo en el tramo final del proceso electoral: un 10% tras la primera vuelta y un 15% después de la segunda.