El Colegio de martilleros y Corredores Públicos de Mar del plata, que preside Guillermo Rossi (FOTO) recazó el Proyecto de Ordenanza impulsado por el Bloque Crear mas Libertad que prohíbe la difusión del servicio de intermediación inmobiliaria bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas.
Los martilleros a traves de una nota de prensa hecha llegar este Portal, indica de mnera textual:
Habiendo tomado conocimiento que el espacio político Crear más Libertad, por medio de sus concejales Cecilia Martinez y Emiliano Recalt pretenden derogar la ordenanza Nº 25.029, este Colegio profesional ve con profunda preocupación el pretendido intento y lo rechaza en forma total y contundente, toda vez que los fundamentos que sostiene el avance de este proyecto no sólo son insuficientes, sino también que disfrazan la realidad pretendiendo generar dudas a la comunidad sobre quienes se encuentra habilitados legalmente en la intermediación inmobiliaria; facultad esta única e indelegable que debe ser realizada por medio de los Martilleros y Corredores Públicos.
Asimismo, es importante destacar que la ley nacional 20.266 (ref. por ley 25.028) y provincial 10.973 (ref. por ley 14.085), establecen claramente los requisitos de quienes pueden ejercer la profesión, descartando en forma terminante la posibilidad de que sociedades comerciales o franquicias puedan ejercer la actividad reservada únicamente a los Martilleros y Corredores Públicos.
De la misma forma rechazamos la figura impuesta por estas franquicias comerciales que permiten, alientan y promueven el ejercicio de la profesión a personas que no están habilitadas por carecer de título profesional y matricula habilitante, bajo el título de agentes o asesores inmobiliarios, cuyo accionar está vedado por las leyes vigentes, generando una competencia desleal que perjudica no solamente al conjunto de profesionales debidamente inscriptos en la matrícula de los colegios profesionales, sino también a la comunidad toda.
Desde el poder delegado por el Estado, seguiremos trabajando intensamente contra la ilegalidad y todo aquello que pretenda alterar, modificar o derogar derechos que vulneren el desarrollo profesional de la actividad y formatos engañosos que lejos de generar beneficios, pretenden vulnerar normas legales amparadas en la constitución nacional y provincial.