Luego de agradecer a la Cámara de la Industria Naval agradece las gestiones realizadas por el Gobernador del Chubut, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el Intendente de Mar del Plata, el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón, sus Concejales, los Legisladores provinciales y nacionales, y Gobernadores patagónicos que se interiorizaron por las graves consecuencias que hubiera tenido la modificación de la Ley Federal de Pesca tal como estaba planteada en el proyecto de Ley Omnibus.
También pidió “archivar definitivamente” todo el capítulo de modificaciones sugeridas a la Ley Federal de Pesca, al remarcar que es una normativa que “funciona” y que “el marco que ha dado estabilidad jurídica a las inversiones realizadas y que permitió la recuperación del recurso luego de la crisis de fines de los ’90”.
A través de una nota de prensa agradeció además “al Poder Ejecutivo Nacional por su rápida reacción y la voluntad de diálogo que ha demostrado al manifestarse dispuesto a introducir modificaciones a este proyecto de Ley. Sin embargo, queremos advertir que los efectos nocivos de esta Ley para nuestra industria no se van a morigerar por el hecho que se restituyan los textos originales de los artículos 25 (descargas en puertos argentinos), art. 40 (tripulación argentina) y que se cambie el concepto de “Licitación Internacional” por el de “Licitación Nacional”. Esta opción seguiría generando el mismo nivel de incertidumbre para nuestra industria y por ende la misma paralización de nuevas contrataciones hasta que la incertidumbre se despeje.
Mas adelante consideran que “cambiar la escala meritocrática del art. 27 de la Ley Federal de Pesca (Historia, Inversiones, Empleo, Procesamiento e Infracciones) por una mera licitación, aunque sea nacional, sigue siendo un gravísimo error. Primero porque los intereses foráneos sin antecedentes fácilmente pueden radicarse en el país y pretender licitar sin la “mochila” de inversiones y empleo que hoy tienen las actuales empresas pesqueras argentinas. Y segundo porque estaríamos poniendo en una lucha desigual y en riesgo a miles de puestos de trabajos que dependen de Pymes familiares frente a las grandes empresas nacionales y de capitales extranjeros que hoy existen. Por ello solicitamos archivar definitivamente todo el capítulo de modificaciones sugeridas a la Ley Federal de Pesca”.
Advierten que “sobre otro error de diagnóstico que existe al decir que la Pesca “no aporta lo suficiente” o que está “por debajo de su punto óptimo”. En este sentido debemos aclarar que, lamentablemente para nuestra industria pesquera, todas las especies del caladero están en su máximo rendimiento. Esto nos obliga a trabajar solo en el reemplazo de buques, cuando como Industria Naval nos encantaría hacer más barcos. De todos modos es posible aumentar el empleo y las exportaciones pero solo a través del agregado de valor y no aumentando las capturas. Lamentablemente los Derechos de Exportación planos del 15% para todas las manufacturas van en contra de esa dirección. Respecto a los aportes que hoy hace el sector, diremos que la presión fiscal que tiene es asfixiante y en los últimos dos años de atraso cambiario casi todas las empresas pesqueras tuvieron quebrantos y eso hizo ralentizar la renovación de la flota. Solamente en materia de derechos de exportación el sector ha aportado en los últimos 20 años más de 2.300 millones de dólares y dichas alícuotas hoy se han triplicado, lo cual es muy grave.
“Y esto es solo un item porque además hay otros centenares de millones de USD aportados anualmente en impuestos, cánones pesqueros, cargas sociales, etc. Imaginemos todos los barcos que se podrían haber renovado si esos recursos captados por el Estado hubieran quedado en manos de los privados, seguramente tendríamos la flota pesquera más moderna del mundo y una industria naval argentina de excelencia internacional”.
No tienen dudas que “en la Pesca Argentina hay muchas desregulaciones por hacer, aspectos por mejorar y transparentar, pero no pasan por modificar una ley que funciona, que es el marco que ha dado estabilidad jurídica a las inversiones realizadas y que permitió la recuperación del recurso luego de la crisis de fines de los 90. El Poder Ejecutivo tiene la oportunidad de encarar esas mejoras de manera institucional definiendo autoridades técnicas, probas y honestas tanto en la Subsecretaria de Pesca como en el Consejo Federal Pesquero donde tiene la mayoría. Comencemos por esas designaciones y sigamos con el diálogo adulto y responsable con los sectores de la Pesca y de la Industria Naval para no detener inversiones y procesos en marcha, como la virtuosa renovación de la flota pesquera que se inició con el dictado del DNU 145/19”.