Luego que la Cámara de Apelaciones en lo Penal revocara el fallo de Garantías y ordenara que se mantenga la medida original de no acercamiento a 200 metros de los funcionarios dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social hacia tres concejales de la UCR, el abogado, Fernando Herrera, en diálogo con “El Retrato…” expresó que lo sucedido “es una cuestión judicial” que se ha tratado de imponer en la sociedad para “presionar” al intendente local a echar funcionarios municipales que tienen relación con la Juventud o con la interna radical. A su vez, no descartó la posibilidad de iniciar un sumario administrativo en contra del magistrado Pablo Poggeto, “por realizar actividades incompatibles con la función judicial en ejercicio de la política”.
Fernando Herrera, abogado que representa a los tres funcionarios, en conversación con “el Retrato…” se refirió a la resolución de la Cámara como así también hizo hincapié a la toma de declaraciones de nuevos testigos. A su vez, anunció que presentarán una denuncia contra Pablo Poggeto.
“Se ha dejado sin efecto la modificación a una medida cautelar para tres funcionarios”, afirmó y añadió que la defensa recusó al juez que promovió dicha acción, “por realizar política con los concejales radicales” como así también adelantó que se denunció al juez Pablo Poggetto. “Esta modificación será apelada en Casación”, indicó.
Cabe recordar que la justicia dispuso una medida de no acercamiento a metros de 200 metros para tres funcionarios que integran el gobierno del intendente Guillermo Montenegro y que se desempeñan en la secretaría de Desarrollo Social. Pasado unos días, se ordenó que se levante parcialmente la restricción, teniendo en cuenta, que por sus funciones, los acusados debían asistir a la municipalidad y entendiendo que prohibir acercarse a los concejales que trabajan en ese edificio implicaba que no puedan desempeñar sus tareas.
Ante ello los concejales apelaron esa decisión y la Cámara de Apelaciones en lo Penal revocó el fallo de Garantías y ordenó que se mantenga la medida original de no acercamiento a 200 de los concejales. La cámara revocó la medida argumentando que los funcionarios no trabajan en el edifico municipal, lo hacen en la sede de Desarrollo Social, y que si tienen que asistir a la comuna por alguna cuestión en especial, pidan autorización, o mantengan reuniones virtuales.
En relación a los nuevos testigos, Herrera precisó que se ha finalizado la totalidad del cuadro probatorio, sin poderse demostrar la violencia de los concejales. “Ha quedado acreditado que no sucedió ningún hecho de violencia”, señaló y agregó que la Cámara ha ordenado a la Fiscalía que encuadre la situación ilícita, en tanto “hasta el momento no había ninguna situación penalmente investigada sino solo una denuncia que no ha podido ser probado a la fecha”.
“En el expediente principal estaba completándose la rueda de testigos ofrecidos por denunciante y defensa, lo cual permitió acreditar que ningún hecho de violencia fue ejercido contra los concejales, menos aún golpes de puño o palos. Estamos a días que se cierre la causa principal”, explicó.
Conforme a ello, Herrera consideró que lo sucedido “es una cuestión judicial” que se ha tratado de imponer en la sociedad para presionar al intendente local a echar funcionarios municipales que tienen relación con la Juventud o con la interna radical. “Con este tipo de medidas cautelares intentó un sector imponer un mote de violencia, muy alejado a lo que la totalidad de los testimonios y pruebas aportadas”, sostuvo y consideró que existe “una judicialización de la política“.
En ese contexto, adelantó que denunciaron al juez integrante de la sala Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal III, Pablo Poggeto, el cual indicó “ha sido encontrado en distintas listas ejerciendo política universitaria con los denunciantes” y agregó: “Hay jueces haciendo política y políticos usando la Justicia para tratar de tener una mejor situación ante la comunidad, en lugar de dedicarse a combatir la inseguridad, violencia, delincuencia o temas que preocupan a la comunidad”.
Por último, el abogado no descartó la posibilidad de iniciar un sumario administrativo en contra del magistrado de la ciudad, “por realizar actividades incompatibles con la función judicial en ejercicio de la política” y adelantó que remitirán las actuaciones ante el Consejo de la Magistratura.